Por Héctor Morales/Fotografías: Hardy Cárdenas
*Investigaciones de Contraloría y denuncias en tribunales enfrenta Alcalde de Lago Ranco, por irregularidades en gestión municipal.
*Junto a Concejo Municipal, el Alcalde, se niega a cumplir dictámenes de la Controlaría.
*Santiago Rosas, señala que “la Controlaría está equivocada en su juicio” y considera desproporcionadas las sanciones propuestas por ésta, y ataca a Consejo Ciudadano por sus denuncias.
Una serie de irregularidades y faltas a la probidad han quedado al descubierto en la Municipalidad de Lago Ranco, en diversas investigaciones llevadas adelante por la Contraloría Regional y ratificadas por la Contraloría General de la República, las que involucran al alcalde, Santiago Rosas, (DC), y al Concejo Municipal de esa comuna lacustre. Dichas investigaciones se originaron en denuncias del Consejo Ciudadano de Lago Ranco, organismo que ha llevado este tema a tribunales, por cuanto la Contraloría determinó que han existido irregularidades que, en varios casos, revisten carácter de delito.
Las denuncias del Consejo Ciudadano han originado una verdadera batalla campal, con descalificaciones de los ediles y el alcalde hacia el organismo que, de manera osada, se ha atrevido a desafiar el poder local, con un alto costo para las personas que integran esta organización, que tiene como objetivo velar por la transparencia en el ejercicio de la función pública y por el derecho de los ciudadanos.
En una ciudad pequeña siempre los alcaldes controlan incluso los medios de comunicación locales, los que antes de publicar una noticia le consultan a él si pueden hacerlo. Tal es el caso de la carta enviada por el Consejo Ciudadano, publicada en este medio el pasado 3 de octubre, y que las emisoras locales de Lago Ranco se negaron a hacer pública, señalando que “debían consultar antes al alcalde Santiago Rosas”. En dicha misiva, el Consejo Ciudadano y otras dos organizaciones de la comuna, hacen público el caso del dictamen de la Contraloría General de la República que, por segunda vez, cuestiona el actuar del alcalde en medidas disciplinarias recomendadas por el organismo fiscalizador en contra del Jefe del DAEM y personal administrativo de esa repartición pública.
LA PUNTA DEL ICEBERG
El año 2010, mediante resolución Nº 3.441, la Contraloría Regional propuso la aplicación de medidas disciplinarias de término de relación laboral a Alberto Rodríguez Molina, Jefe del Departamento de Educación Municipal, y de la profesional María González Ríos, por faltas a la probidad. Asimismo, propuso la suspensión de 30 días con goce de un 50 por ciento de las remuneraciones a Ulises Vásquez Espinoza; multas de un 20 por ciento de la remuneración mensual a Evelinda Hernández Becerra y Juan Morales Burgos, “por cuanto quedaron fehacientemente acreditadas sus responsabilidades administrativas en los hechos investigados”.
El 9 de julio de este año, la resolución 40.616 de la Contraloría General de la República cuestiona el decreto municipal Nº 3.215, de 2011, mediante el cual, Santiago Rosas, rebaja las medidas disciplinarias y exonera a algunos de los inculpados. Al respecto, el organismo contralor indica que lo obrado por el municipio “no se ajusta a derecho”, por cuanto en los sumarios que la Contraloría realice a las municipalidades éstas pueden aplicar sanciones distintas a las propuestas mediante resolución fundada sujeta al trámite de toma de razón, ya que le corresponde el control preventivo de la legalidad de los actos. Por tanto, el Contralor General determinó que ”la autoridad edilicia no está facultada para desconocer la existencia de responsabilidad administrativa de los mismos, puesto que ella fue debidamente acredita en los términos previstos por la ley…“ Ello es suficiente para que la Contraloría General termine desestimando la petición de reconsideración formulada por la Municipalidad de Lago Ranco.
Las faltas cometidas se deben a que se contrató como funcionaria a María González Ríos, hija del entonces concejal en ejercicio, Sergio González, (RN). Allí radica la responsabilidad del jefe del DAEM, Alberto Rodríguez, y por efecto de otras investigaciones a los funcionarios, Ulises Vásquez Espinoza, Jefe de Control; asimismo a los administrativos Evelinda Hernández Becerra y Juan Morales Burgos.
Para conocer las razones por las cuales se niegan a cumplir los dictámenes de Contraloría, viajamos hasta Lago Ranco en plena campaña electoral. El alcalde y candidato, Santiago Rosas, no se encontraba en ejercicio, pero pudimos encontrarlo en las afueras de la Municipalidad, y en principio se niega a hablar del tema. Poco a poco logramos que ceda para conocer su versión.
“Yo tengo la libertad de dar o no entrevistas”, señala categórico el cuestionado alcalde.
Pero estos hechos ocurrieron cuando usted era alcalde en ejercicio… le refuto.
“Bueno… a partir del 29 yo doy todas las entrevistas que ustedes quieran con respecto a temas administrativos de la municipalidad. Hoy dia soy candidato”.
Pero como candidato debe responder también por su gestión…
“¡Por favor..! ¡Por favor..! ¡Por favor…!”
Usted es un personaje público y estamos en un lugar público, debe responder públicamente por sus actos…
“Lo que le estoy diciendo… A mi lo que me incomoda es que ustedes den respuesta a un montón de gente. ¡Perdón!”
Yo tengo en mis manos un dictámen de Contraloría General de la República y en eso me estoy basando. En el se habla de medidas disciplinarias, entre ellas la destitución del Jefe del DAEM, en hechos que la Contraloría determina que están fehacientemente probados.
“Yo tengo una opinión distinta. Si usted lee el informe “me recomienda”. La facultad para tomar la decisión la tengo yo. Nosotros los municipios somos corporaciones autónomas de derecho público”.
Lo entiendo. Pero desde ese punto de vista usted esta diciendo que aquí no existen irregularidades, que Contraloría estaría equivocada y que por eso no toma medidas.
“No. Lo que yo estoy diciendo, y se lo dije por escrito a la Contraloría, es que la medida disciplinaria que me recomienda la Contraloría, dado los hechos es muy alta. Y yo tomé la medida disciplinaria de aplicarle solo una amonestación por escrito”.
Pero la Contraloría General le desestima la solicitud de reconsideración.
“Vuelvo a tener una opinión distinta con respecto a la Contraloría, y de nuevo argumento que la medida disciplinaria es muy alta”.
O sea, definitivamente… ¿Usted considera que Contraloría se equivoca?
“Yo considero que la medida disciplinaria que está recomendando Contraloría es muy alta con respecto a lo hechos que ocurrieron. Tengo una opinión distinta, es la facultad que tengo como alcalde. Es así de simple”.
Luego, Rosas, arremete en contra de Patricia Heredia, secretaria del Consejo Ciudadano, cuestionándola a raíz de una supuesta estafa que habría cometido.
“Estas personas, -comenta Rosas- durante los doce años que he sido alcalde me han cuestionado. Estas personas no son ningún aporte a la comunidad. Estas personas a lo único que se han dedicado es a boicotear no solo a mi. Los medios de comunicación, ahí están los diarios escritos donde están los respaldos, que decir las radios, donde lo único que se han dedicado es a atacar de capitán a paje, porque aquí no han hecho distinciones. Sin embargo, esto que 12 vecinos hayan sido afectados por una estafa, porque les quitaron parte de sus pensiones asistenciales con un supuesto abogado que nunca fue, y que le estuvieron pagando durante meses sumas de dinero, eso no sale en los medios, eso no sale en su diario, yo lo leí. Ahí tiene los 12 agricultores, viven en Pitreño”.
Usted lo está diciendo y lo vamos a consignar. En el caso de ella, usted puso una demanda por presunto ejericio ilegal de la profesión, pero ella ganó ese juicio.
“No. Yo no. La presentaron los 12 agricultores que son las personas que le estuvieron pagando al supuesto abogado”.
Pero ese caso de ejercicio ilegal está fallado, ella ganó.
“Pero pregúntense quien les trajo el abogado, si era su hijo el abogado. ¡Entrevisten a los agricultores! Pídanle a la radio la publicidad donde el hijo hacía publicidad diciendo que era abogado. Eso en forma pública, está grabado”.
Pero ahora estamos hablando del caso de Contraloría…
“La diferencia que tengo con la Contraloría….”
Pero no es el único caso cuestionado por la Contraoloría, también está el del Liceo Técnico y las fallas de construcción.
“El caso del Liceo cumplimos ahora cuatro años, obviamente le aparecen grietas. Se secó el estuco, le pusieron menos agua al estuco, pero eso no es falla de construcción. Pero esta gente se ha dedicado a eso, no tengo ninguna relación con ellos. No representan más que a los que están ahí en el grupito”.
Pero este es un pueblo chico y cualquiera que se involucre en denuncias o investigación puede ser censurado.
“¡Pero si ellos no investigaron nada! Lo que hicieron fue denunciar a una niña que por ser hija de un concejal, que su pecado es haber ido a la universidad, haber estudiado, haber sacado un título profesional. Para que conozcan la historia completa: Ella se desempeñaba en el Departamento de Educación Municipal, como asistente social, legítimamente con su título en mano. Se publica la ley de probidad, asume como nuevo director del DAEM el señor Rodríguez, y obviamente cuando llega el 31 de diciembre, como ellos tienen contrato anual, viene y se le renueva el contrato. Al año siguiente de nuevo se le renueva el contrato. Se publica la ley de probidad y estos caballeros van a acusar a la Maria Elena González, que siendo hija de un concejal no puede trabajar. La ley dice que solo le afecta al alcalde y los directivos, no dice los concejales. La Contraloría saca un dictámen interpretando que también esto afecta a los concejales y por tanto me recomienda esa medida disciplinaria. No, dije. Aquí el único pecado de la niña es ser hija del concejal, que producto de la maldad de esta gente no va a poder trabajar más en Lago Ranco, y más encima yo lo voy a tener que castigar que no trabaje durante cinco años en un servicio público. Ella vino a buscar trabajo, había un cupo y se lo di. Ella es una profesional de primera”.
DEFENSA CORPORATIVA
Miguel Ángel Molina, concejal del Partido Socialista en Lago Ranco, estrecha filas con Santiago Rosas y descalifica el actuar de Contraloría, señalando que no es la primera vez que ese organismo se equivoca. Calmadamente responde una primera pregunta.
El Informe de la Contraloría, con fecha 9 de julio del 2012, por segunda vez dictamina la destitución del jefe del DAEM. ¿Esto está en conocimiento del Concejo Municipal de Lago Ranco?
“Si, está en conocimiento del Concejo. Me había referido a este tema pero no con ustedes. La contraloría es un ente que puedo emitir su apreciación, pero no es un ente dictatorial que tenga que ver con una toma de decisión y resolución de un municipio, ya que éste es autónomo”.
Pero desde el punto de vista de las acusaciones que fueron probadas por Contraloría y que amerita las sanciones a los funcionarios, no se ha dado cumplimiento y de hecho hay varios dictámenes que acá en Lago Ranco se están pasando por alto y las irregulares están siendo tapadas.
“No creo tanto que estén siendo tapadas. Te vuelvo a decir lo mismo; la Contraloría sólo se pronuncia de acuerdo a su apreciación, como también, la Contraloría puede cometer errores, bien lo sabemos a nivel nacional que ha cometido errores”.
Concejal, en este caso ¿La contraloría está equivocada?
“Yo creo que sí esta equivocada y su pronunciamiento de ello también puede impedir que se destituya, como también impedir que no se instruya a un funcionario público que, si tu lo evalúas en otro contexto, el funcionario publico no tuvo la intención de cometer un error, pero si es válido cometerlo y se puedo reparar, no solo con la destitución de la persona afectada, sino también corrigiéndolo a futuro de no cometer los mismos errores. Nosotros como Concejo Municipal y el Alcalde también en su cargo y un presidente de la República también han cometido errores, y sin mal no recuero el presidente Piñera hace poco pidió perdón, porque bajo su gestión se equivocó y lo que es válido para este Concejo o para el Alcalde cometer errores, y se pueden corregir en el transcurso del tiempo y no necesariamente debe ser destituido”.
El paralelo hecho por el concejal Molina, refiriéndose al presidente Piñera, es porque se imagina que esta investigación es un ataque de la derecha. Concluyo, por sus palabras, que piensa que simplemente estoy tratando de perjudicar la gestión del municipio al realizar mi trabajo.
Pero hay antecedentes que, de estos informes, hay varios que están en la justicia y aquí estaríamos hablando de supuestos delitos.
“El tribunal de justicia en su momento nos citará y ahí tendremos alguien que nos defienda nuestra postura, y el tribunal de justicia dictará si debe ser destituida la persona o no, pero no me parece que un tribunal de justicia sea competente o no para calificar si una persona pueda ejercer un cargo publico”.
¿Por qué?
“Porque el tribunal de justicia puede emitir veredictos con respecto a delitos y sancionar, pero no puede decir que si va a continuar en el cargo público o no, para lo que está el funcionario cumplió”.
Aquí, Miguel Ángel Molina, se equivoca en sus dichos, porque una sanción de tribunales implica también que una persona no pueda desempeñarse en la función pública por el propio ministerio de la ley, si es condenado a pena aflictiva de tres años y un día.
Pero, desde el punto de vista de la Contraloría, deja establecido que aquí ha existido irregularidades graves y muchas de ellas tienen carácter de delito.
“Bueno –se defiende Molina- Contraloría también se pronuncio recientemente, y harto el comité de Consejo Ciudadano de Lago Ranco y revolvió este municipio y ha entorpecido la administración municipal. No tengo el oficio donde se cuestionó el traslado de una paciente, que era mi señora, desde Santiago a Lago Ranco. Se acusó en ese momento que había hecho mal uso el alcalde y este concejal al autorizar que se trasladara a la funcionaria municipal, y la Contraloría se pronunció después de 2 años y 8 meses de investigación, y que solamente entorpeció el desarrollo del municipio y hoy se pronunció a favor de que no habíamos sido responsables, y para este comité sí éramos responsables y la Contraloría también lo investigó…Gracias a Dios hoy se hace justicia divina”.
A lo que se refiere Molina, es al uso de la única ambulancia de Lago Ranco, enviada a Santiago con funcionarios y equipamiento para poder trasladar a su esposa, a la que sólo le quedaban tres días de vida, lo que a juicio del Consejo Ciudadano dejó desprovista a la población del vehículo de emergencia, situación que habría traído graves consecuencias para los habitantes locales de haber sido ésta requerida. El cuestionamiento se produjo, por cuanto ella era beneficiaria de la Mutual de Seguridad, la que debió haber provisto el traslado de la paciente.
Pero desde el punto de vista ético, ella tenia seguro de instituciones mutuales que la cubrían por ser profesora. ¿Por qué no se usaron esos medios?
“Ella era funcionaria municipal, y como funcionaria tenia derecho como cualquier ciudadano de esta comuna. Si usted no es de la comuna de Lago Ranco, y sufre un accidente no cabe duda que nuestra ambulancia lo trasladará como ciudadano”.
Pero, lo que fue cuestionado por el Consejo Ciudadano y que motivó la denuncia a Contraloría, es simplemente que no se puede dejar desprovista a la población local de la ambulancia, cuando pudo recurrirse a otro medio, incluso utilizando recursos municipales por motivos humanitarios para el traslado de la esposa de Molina. Asimismo, el citado Consejo señala que aún este tema está en etapa de investigación sumaria por parte de Contraloría.
OPINIÓN DISIDENTE
Una posición distinta a la del alcalde Rosas y al concejal Molina, tiene Armin Renner, edil de Renovación Nacional.
“Nosotros le hemos hecho ver al alcalde que las resoluciones -y tenemos una opinión muy distinta al alcalde con respecto a lo que usted señala y que son recomendaciones de Contraloría- nosotros le hemos dicho y están en las actas, que las dictámenes de Contraloría deben ejecutarse y es nuestra opinión. Bueno, y sino no se hacen, eso no lo sabemos el por qué”.
Pero, Renner, dice que no sólo en el dictamen referido a la destitución del jefe del DAEM se han pronunciado, sino que en otros como el referido a la mala construcción de la escuela de Pitriuco.
“Nosotros hemos señalado el problema de la escuela de Pitruco. Se pago el 100% de la obra y teníamos antecedentes que había un avance de un 50%, lo hemos señalado en la radio y en todas las formas posibles. Tengo entendido que está en manos de los tribunales, y es el caso donde está el mayor aporte que tuvimos que colocar; 40 millones adicionales para que se termine la escuela de Pitruco”.
El citado proyecto de reposición de la escuela de Pitriuco, fue investigado por la Contraloría determinando que “los planos estructurales en la licitación son diferentes a los ejecutados. Hubo ampliación de plazo en la obra, y en esos períodos estuvo sin las cauciones exigidas en los antecedentes del contrato. La Contraloría señala que “el municipio no dispuso las medidas para establecer las eventuales responsabilidades administrativas”. Asimismo, el informe consigna que se pagó el 100% de la ejecución de la obra, pero hay partidas que no se ejecutaron. A seis meses de inaugurada y antes del inicio del año escolar del 2009, comenzó a caer la fachada del edificio.
La obra de reposición de la escuela fue ejecutada por la empresa “Constructora Los Ríos Ltda., cuyo representante legal es Eduardo Vizcarra, yerno del Consejero Regional y candidato alcalde (DC) por Río Bueno, Waldo Flores. Este hecho no es menor, ya que en la causa existe la declaración de un trabajador de la empresa, en la que se consigna que existía un CORE (Consejero Regional), que facilitaría todo para que se adjudicaran los proyectos.
Esta investigación tiene una demanda en los tribunales por “malversación de caudales públicos”, y fue interpuesta por el municipio cuando se enteró que el Consejo Ciudadano de Lago Ranco planeaba querellarse ante la justicia. No obstante, la organización se hizo parte en la querella en representación de la comunidad.
Pero, el concejal Armin Renner, saca a colación otro proyecto ejecutado por el municipio y que no funciona.
“Está el riego automático, que son 27 millones y no está funcionando. Entonces, dado que en 12 años, de los cuales yo llevo 4, no ha habido cambios sustanciales, nosotros hoy día pensamos que con Miguel Meza, si resulta electo Alcalde, lo primero que vamos a pedir es una auditoria, cueste lo que cueste, pero priorizaremos la revisión de contratos, horas extras, la asignaciones, etc, “.
El proyecto mencionado se ejecutó en la zona de áreas verdes a orillas del lago, y hoy en ese mismo lugar se instaló una plaza equipada para ejercicios. Obviamente los 27 millones se fueron al tacho de la basura. Pero, el Consejo Ciudadano está pidiendo a Contraloría que investigue esta irregularidad.
NO TAN BIEN COMO SE PRESUME
Por otra parte, el concejal y candidato a alcalde, Miguel Meza, señala que la permanente presencia de Contraloría en el municipio es un indicio de que las cosas no se están haciendo tan bien como se presume.
En relación a los dictámenes de Contraloría y las recomendaciones que el alcalde no ha aplicado… ¿Cuál es su opinión sobre esto?
“Dentro de los muchos informes que hemos tenido desde el tiempo que yo he sido concejal, puedo mencionar uno en particular, donde el alcalde hace sus descargos y menciona a la Contraloría, diciendo que las fiscalizaciones han sido demasiado permanentes en este municipio. Entones, yo creo que si tenemos a la Contraloría tiempos muy prolongados aquí en el municipio, a lo mejor es porque las cosas no se están haciendo bien como se presume, y creo que bienvenido sea que tengamos un organismo contralor que este fiscalizando los recursos que son de todos los ranquinos. Por lo tanto, yo creo que no hay que tenerle miedo en absoluto, ni tampoco impedir la labor que hace este organismo contralor”.
Miguel Meza, señala un hecho que no es menor en la administración local, y es que los últimos dictámenes de Contraloría no han sido conocidos por el Concejo Municipal, situación que al menos es cuestionable y es responsabilidad del alcalde en ejercicio hasta hace un mes atrás.
“Este año en particular hay ciertos informes que preliminarmente no han llegado a la mesa del Concejo. Nosotros en reunión de hoy 4 de octubre del 2012, vamos a solicitar -digo vamos porque creo que el Concejo así lo va determinar- que se hagan presentes los informes que están pendientes y que tienen que ser entregados por ley. En realidad, quizá aquí se está faltando a la probidad en el sentido de que el Alcalde al momento de recibir los informes de la Contraloría debe entregarlos a la Secretaria Municipal y, a través de ella, al Concejo Municipal. Y tengo entendido que hay hartos detalles que son bastante importantes y relevantes para la comuna, y por situaciones que son irregularidades y que han sido denunciadas por los propios vecinos a través de su organizaciones comunitarias. Por tanto, nosotros no nos podemos quedar en absoluto callados ni tampoco quedar sin hacer nada. Yo creo que lo importante de todo esto es que nosotros debemos conocer y yo, en lo personal, reconozco una falta de empeño quizá de poder haber insistido con mayor firmeza de que se haga cumplir a cabalidad lo recomendado por la Contraloría”.
Del mismo modo, Meza, plantea que existe un doble discurso del alcalde y que, en oportunidades anteriores, no ha actuado de la misma manera defendiendo a los funcionarios, en hechos incluso considerados menores por la Contraloría, como fue la destitución del Director de Obras Municipales.
“Si el alcalde dice que las sanciones que se están imponiendo por la Contraloría son altas, la verdad no se a que se refiere, porque delito es delito e irregularidades son irregularidad aquí y en todo partes. Pongo como mención una destitución que se hizo en este mismo municipio con el señor Nelson Pizarro. Esta persona era Director de Obras del municipio, y en algún momento facilitó de parte de la bodega municipal un par de postes usados que eran de desecho a una persona que vive en terrenos del Director de Obras, lo cual hizo como una ayuda social. Él fue denunciado y el alcalde, Santiago Rosas, solicitó la destitución de este funcionario con todo lo que este implica, incluyendo 5 años sin ejercer y un montón de cosas. Sin embargo, la Controlaría Regional manifiesta a través de un informe que la sanción era demasiada alta para la gravedad del hecho, y ahí el Alcalde dice que no, que la gravedad del hecho era mayor por lo tanto la sanción tiene que ser la mayor. Entonces, para algunos casos sí las sanciones deben ser bien aplicadas y para otros casos las sanciones deben ser de acuerdo al criterio del alcalde. Yo creo que para poder tener un municipio transparente nosotros tenemos que tener a la Contraloría presente, sin ningún temor que nos revisen todas las actas, carpetas, computadores e informes , etc.. Absolutamente todo”.
Miguel Meza, está consciente que se debe trasparentar la gestión de la Municipalidad de Lago Ranco, para lo cual considera que debe haber una auditoria que permita determinar el estado general de la corporación edilicia. Asimismo, insiste en que ha solicitado en todas las reuniones de concejo que se cumpla con los dictámenes de Contraloría, pero al no ser mayoría al momento de votar no pueden lograrlo. Por ello, aspira a que si es electo alcalde las cosas se harán de una manera distinta.
“Yo soy candidato a alcalde, y hoy día estoy seguro que si me va bien el 28 de octubre -si Dios quiere- me voy a encontrar con muchos problemas en este municipio, los cuales procuraré se descubran. Aunque nosotros tengamos que hacer una inversión muy grande, solicitaremos una auditoria interna, y eso es uno de los compromisos que tendré que hacer frente a la comunidad. Debo recibir y saber primero en que condiciones está el municipio y así poder también entregárselo a la comunidad de la manera mas transparenté, procurando que sea un municipio estable y equilibrado financieramente. En las ultimas sesiones del concejo, y ustedes pueden revisar las actas, menciono en alguna oportunidad al Alcalde y al Concejo que se haga efectiva la recomendación de la Contraloría en todos sus aspectos, porque los informes son muchos”.
El Consejo Ciudadano ha iniciado juicio en los tribunales, pero el alcalde descalifica su actuación ¿Qué opina de eso?
“Yo no me voy a referir en absoluto a lo que diga o no diga el alcalde. El deberá asumir sus dichos, yo solamente hago presente de que si los temas municipales están en manos de la Contraloría es porque es serio y, en segundo lugar, si están en la Fiscalía es porque son muchos mas serios. Por lo tanto, hay antecedentes preliminares que incluso se sacó a un fiscal de la causa por la pérdida de documentos que afectaban a la municipalidad, y esto lo hace triple más serio. Yo solamente hago mención y me hago cargo de mis dichos, y el alcalde responderá ante la comunidad por los 12 años que el ha sido alcalde, y deberá dar todas las explicaciones de lo que está pasando en este municipio hasta el día de hoy. Nosotros como Alianza en este momento queremos hacer un buen trabajo y propositivo frente a la comunidad; queremos que Lago Ranco sea distinto”.
¿Qué opinión tiene sobre el Consejo Ciudadano de Lago Ranco?
“Como mucha otras organizaciones, y es una de las tantas que existen, yo creo que en vez de tenerlos como un enemigo que está presente dentro del municipio solamente quizás investigando cierta cosas, si yo tuviera la posibilidad de ser alcalde haría todo lo contrario, invitándoles a participar para que propongamos juntos proyectos para la comuna de Lago Ranco, y no tan solo el Consejo Ciudadano, sino a todas las organizaciones comunitarias y juntas de vecinos y en particular a ellos, ya que han realizado una importante labor de fiscalización y tiene que ser destacado también. El Consejo Ciudadano debe convertirse en una aliado, junto con el resto de las organizaciones comunitarias, para hacer grandes proyectos junto al municipio”.
MUCHO MÁS BAJO LA ALFOMBRA
Pero, contra los dichos del alcalde Santiago Rosas, el Consejo Ciudadano de Lago Ranco exhibe pruebas irrefutables de las irregularidades. En efecto, el “Informe Final sobre Investigación Especial efectuada en la Municipalidad de Lago Ranco”, elaborado por Contraloría Regional de Los Ríos, el año 2010, consigna otros casos igual de graves que los ya mencionados.
El proyecto “Construcción Portal de Acceso Comunal”, que consistió en la realización de un portal de acceso a la comuna de Lago Ranco, emplazado específicamente en la faja de la ruta T-85, Rio Bueno-Lago Ranco, a unos 20 metros de la intersección con el camino público “Hueimen Sur”, con una inversión de casi 12 millones de pesos, fue ejecutado por el contratista Rudy Álvarez Leal, (DC). Contraloría cuestiona el hecho de que esta obra fue ejecutada “sin autorización del Ministerio de Obras Públicas”, siendo rechazada por Vialidad su construcción y fue emplazado en una zona de alto riesgo para la seguridad vehicular, por lo que se ordenó su retiro. Asimismo, advierte que “el actuar del municipio fiscalizado, representa una vulneración de los principios de legalidad consagrado en los artículos 6º y 7º de la Carta Fundamental”.
El informe señala también que existieron irregularidades en el proceso de licitación, materia en la cual el alcalde Rosas nada señala, por lo que –a juicio de Contraloría- “”corresponde mantener lo observado en todas sus partes”. También establece que se pagó partidas no ejecutadas y que se cometieron irregularidades en la fiscalización de las obras. Las respuestas entregadas por el municipio a Contraloría “no permite dar por superada en su totalidad la observación indicada”, detalla el informe.
Además del proyecto de la escuela de Pitriuco, el informe contiene los cuestionamientos al proyecto “Construcción Liceo Técnico de Ignao”. El monto original del contrato fue superior a los 620 millones de pesos, a cargo de la empresa “Constructora Capreva Ltda.”
En este caso, en el punto 3.3 se establece que la municipalidad no proporcionó a Contraloría el libro de obras para su estudio, argumentando que el proyecto era del año 2006, y las personas que lo inspeccionaron ya no se encontraban, lo que vulnera el decreto supremo Nº 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que obliga al constructor mantener el libro de obras, agregándose además que la segunda copia del libro deberá quedar en poder del propietario. Más tarde el municipio entregó solo 4 páginas de éste, por lo que no se pudo evaluar las observaciones y eventos relevantes.
Por otra parte, la cantidad de ensayos no coincide con las exigencias establecidas en las especificaciones técnicas.
Las otras observaciones hechas al proyecto son:
- Multicancha con reparaciones inadecuadas y aposamiento de agua.
- Presencia de fisuras y grietas sin ser tratadas, observándose algunas reparadas en forma deficiente.
- Filtraciones de agua lluvia por la cubierta en pasillo de acceso principal.
En su respuesta -el alcalde Rosas- nada señala al respecto, por lo que Contraloría mantiene las observaciones en todas sus partes.
Otro proyecto cuestionado es la construcción de la sede social de la Unión Comunal de Lago Ranco, en el que se pagó el 100% de la obra, y ésta quedó inconclusa y con serias deficiencias de construcción, además que dicha obra fue ejecutada sin el permiso de edificación respectivo.
Los informes de Contraloría respecto al menos a cinco proyectos, más el destino de la madera de una tala de 54 árboles de pino oregón y 3 secuoyas, motivó una querella por parte del Consejo Ciudadano, en contra de quienes resulten responsables por los delitos de malversación de caudales públicos y otros fraudes y exacciones ilegales.
Las dos querellas que existen en Fiscalía sufrieron el extravío de documentos, por lo que el fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes, fue removido de la causa. Éstas se encuentran ahora en manos de la Fiscal Jefe en Valdivia, Tatiana Esquivel.
Por otra parte, el Consejo Ciudadano ha presentado una demanda civil en contra de la Municipalidad, por cuanto se modificó el plano regulador de la ciudad vulnerando la ley. En efecto, Contraloría estableció que “en relación al acta de fecha 03 de abril de 2003, que fue utilizada por el Alcalde para presentarla al Consejo Regional de Los Lagos y al Ministerio de Vivienda, como aprobación a la modificación del plan regulador por parte del Concejo Municipal, corresponde señalar que el estudio del mencionado documento permite concluir que en ella se aprueba la presentación de modificación de calles y no la modificación del plan regulador”.
Por esta razón, el Consejo Ciudadano ha presentado una “Acción Constitucional de nulidad de derecho público”, porque estiman que la razón de fondo fue que los terrenos entregados en comodato y pertenecientes a la comuna en general y a sus pueblos originarios, aparecen loteados según plano aprobado por la Municipalidad, y de propiedad de INVIA según inscripción del año 1998 y año 2000. Dichos terrenos tienen destino área verde, según el Plano Regulador de 1998.
Recientemente, el Gobierno Regional de los Ríos, no aprobó el financiamiento del proyecto de “Construcción de Edificio Consistorial de Lago Ranco”, por 3.600 millones de pesos, al considerar que dicho proyecto era “técnicamente inviable”, basándose en un informe de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Austral. En la reunión de rechazo, el alcalde Rosas, cuestionó al decano de esa facultad respecto a la experiencia que tenía en construcciones, lo que obviamente fue respondido citando las muchas obras que él ejecutó, pero le señaló que sí podía cuestionar las que él había efectuado de manera deficiente en la comuna. Los consejeros regionales tuvieron en consideración las denuncias por las malas construcciones efectuadas por el Consejo Ciudadano al momento del rechazo, más si se considera que el municipio asumiría la inspección técnica de la obra. De esa forma, al menos, se evitó que nuevamente se gastaran recursos públicos en construcciones que pueden ser deficientes.
ATAQUE EN CAMPAÑA
Según el presidente del Consejo Ciudadano, Tomás Hernández, en un programa reciente del canal Los Volcanes de Río Bueno, el alcalde y candidato Santiago Rosas, fustigó duramente a los miembros de la organización, descalificándoles severamente.
Entre las declaraciones que Santiago Rosas formulara en ese programa –según el dirigente- señaló que el municipio no percibe ingreso por los antenas de telefonía instaladas en terrenos de esa comuna. No obstante, el contrato celebrado ante el notario Fernando Opazo Larraín, de Santiago, con fecha 14 de agosto del 2009, entre la Municipalidad de Lago Ranco y Telefonía Móvil de Chile, se estable el pago de 80 UF mensuales. Asimismo, en el contrato con la empresa VTR Banda Ancha Chile S.A., firmado ante la notario María Lidia Díaz, de Río Bueno, se estable un pago de 25 UF mensuales. Y no son las únicas antenas instaladas en los cerros municipales.
Mario Pérez, director de ese canal, en contacto telefónico con Diarioelranco.cl, señaló que es imposible que se acuerde de todos los dichos manifestados por los candidatos que pasan por un programa político, en el que exponen sus propuestas y temas generales. No obstante –dijo- que el Consejo Ciudadano se había contactado para hacer los descargos correspondientes, para lo cual les ha ofrecido el espacio dentro de las noticias de ese medio, porque como canal mantienen una política de puertas abiertas.
EL QUE CALLA OTORGA
Luego de tres meses de investigación, de revisar exhaustivamente el abultado archivo de documentos que tiene el Consejo Ciudadano de Lago Ranco, de conversar con los integrantes de la organización y de leer cada uno de los dictámenes de Contraloría, nos hemos dado cuenta de que las autoridades locales se han valido de la autonomía que goza el municipio para negarse a dar cumplimiento a las resoluciones del organismo contralor. Obviamente, los votos de los concejales de la Concertación, le permiten -al alcalde Rosas- mantener esta situación cuestionable. A ello se suma la complicidad de los medios locales -radios Paraíso y del Lago- que no denuncian ni dan espacio para que la comunidad se exprese, porque económicamente son controladas por el municipio, lo que genera desconocimiento en la opinión pública de los hechos, por lo que consideran “que todo está bien”, más aún cuando los medios locales solo difunden la postura del alcalde. Esto es similar a lo que se vivía en épocas pasadas cuando no había democracia, y en los pueblos pequeños existía un control férreo de la información.
Por otra parte, el Consejo Ciudadano ha enviado información a los medios nacionales sobre los casos investigados, pero al parecer están más interesados en mostrar farándula que la realidad de un Chile oculto.
La oposición de los concejales de derecha quizá no ha sido lo suficientemente fuerte y no tienen la mayoría en el Concejo, por lo que también comparten las responsabilidades del cuestionamiento a la gestión municipal hecha por Contraloría.
En plena campaña electoral, el desconocimiento de los pobladores de Lago Ranco -respecto a estas irregularidades- hace que no sea un tema de debate entre los candidatos. Me sorprende al final el concejal Miguel Meza, candidato a alcalde de Renovación Nacional, ya que cuando terminábamos la entrevista me manifiesta que no quiere verse ni aparecer como peleando con el alcalde Santiago Rosas. Lo entiendo, porque está consciente que ese sería un mal negocio en un pueblo tan pequeño, más aún si no resulta ganador en las próximas elecciones.
Mientras tanto, las querellas en los tribunales pueden aumentar, ya que el Consejo Ciudadano de Lago Ranco estudia antecedentes, junto a la abogada Hilda Cerda, para determinar cuales serán los siguientes casos investigados por Contraloría que llevarán a la justicia.
Es bueno recordar a la ciudadanía que, en Arica, el trabajo similar llevado adelante por el Consejo Ciudadano de esa ciudad permitió encarcelar al alcalde y los seis concejales, dos de los cuales aún permanecen en prisión.
