Columna de opinión del Vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo
La semana pasada, diputados de las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural; y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, dieron a conocer un informe de malas prácticas de la empresa Forestal AnChile de la Región de Los Ríos y que está certificada por el sello internacional FSC. Las prácticas denunciadas ejemplifican el modelo forestal chileno basado en monocultivos de especies exóticas, que ha permitido la consolidación de una industria exportadora sólida, pero también ha generado una serie de externalidades ambientales y sociales negativas, además de concentración de riqueza y patrimonio. Este modelo, caracterizado por un oligopolio industrial que controla las políticas del sector, por su enorme influencia sobre el sector público, es cada vez más insostenible para la sociedad, los ecosistemas y la economía del centro-sur de Chile. Además, la CONAF cuenta con escasos recursos para desarrollar su función reguladora y fiscalizadora, porque el Ministerio de Agricultura no le entrega un presupuesto acorde para controlar al segundo poder exportador del país.
Es necesario destacar que la “cultura” forestal chilena se instala en el siglo XIX y tiene sus raíces en la cultura occidental capitalista. Persiste hasta nuestros días y se basa en mirar al bosque desde una óptica materialista, como un estorbo para la agricultura y la ganadería, o bien como un botín de la naturaleza, desde donde se puede obtener madera. Es la carencia de una verdadera cultura forestal, enfocada en la conservación, lo que nos lleva a la situación actual, insostenible, donde vemos retroceder los bosques naturales y avanzar los cultivos de árboles exóticos, bajo prácticas que impactan negativamente la productividad de los suelos, la disponibilidad de agua de calidad para uso humano y los sistemas de vida locales.
En las últimas cuatro décadas el Estado ha implementado un programa de fomento forestal (Decreto Ley 701 del año 1974) basado en subsidios a la forestación, con un enfoque predominantemente economicista y descuidando los aspectos ambientales y sociales. Favorece los monocultivos y la generación de productos con escaso valor agregado, pero con mercados asegurados para los controladores del modelo: ARAUCO y CMPC. Este instrumento de fomento fue modificado legalmente el año 1998 para favorecer a pequeños y medianos propietarios, pero en la práctica los beneficios siguen recayendo, directa o indirectamente, en las grandes empresas forestales que tienen el poder comprador y fijan los precios.
En este contexto, la certificación forestal internacional aparece como una herramienta para modificar las malas prácticas de manejo, promoviendo la conservación de suelos, agua y biodiversidad. Orienta además las relaciones sociales con las personas que habitan los territorios con presencia forestal, exigiendo el respeto por las leyes nacionales y acuerdos internacionales. Esto configura un escenario bastante más alentador para la conservación que la legislación chilena actual, donde el monitoreo ciudadano cumple un rol fundamental al ser vigía y garante del comportamiento de las empresas que están certificadas por un buen manejo forestal, pero también al evaluar si el sistema en sí mismo está cumpliendo su rol evaluador y fiscalizador.
El rol de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) como parte integrante del sello de certificación internacional FSC es, justamente, el aportar para que los sistemas de certificación (y la legislación) funcionen de forma adecuada. En el cumplimiento de este rol debemos ser activos participantes en la generación de mejores estándares para el manejo forestal. Pero también, y de manera fundamental, debemos vigilar que esos estándares se cumplan a cabalidad en los distintos territorios forestales, denunciando enérgicamente y por todos los medios posibles cuando identifiquemos situaciones irregulares. Esta es una forma efectiva de aportar al cumplimiento de los objetivos del manejo forestal sostenible. Y esto no significa desautorizar al sello de certificación en sí, sino a quienes hacen un uso indebido de éste.
Son las empresas quienes necesitan de este sello. Prueba de ello, es que los controladores del modelo forestal chileno buscan hace varios años acceder al sello FSC, sin resultados positivos a la fecha. ¿Por qué no pueden acceder al sello si sus representantes y la CONAF dicen mantener altos estándares de manejo forestal? Por esta sencilla razón: el discurso de estos agentes no se condice con la realidad, y hemos sido los ciudadanos quienes hemos hecho ver esta situación a quienes deben auditar y fiscalizar a estas empresas. ¿Qué debe ocurrir para que estas empresas obtengan el sello? Deben recorrer un largo camino, que les permita enmendar los enormes impactos sociales y ambientales que han generado por décadas en Chile, lo que solo puede materializarse con un cambio en la cultura forestal, que por supuesto redunda en un cambio al modelo forestal.
¿Están dispuestas a cambiar las empresas? A la luz de luz de los hechos, pareciera que no, porque no están cambiando cuestiones fundamentales que afectan a la gente y sus territorios: la concentración de la propiedad, el uso de monocultivos forestales, la cosecha a tala rasa y los procesos industriales altamente contaminantes.
Si las empresas quieren usar los sellos de certificación para diferenciarse ante los mercados y así mejorar sus utilidades, deberán cambiar sus prácticas en los territorios. Como AIFBN seguiremos vigilantes, convocando actores sociales y generando redes para sostener un monitoreo ciudadano que permita dar cuenta de la realidad del modelo forestal. En este contexto, no cabe duda que apoyamos iniciativas como FSC, pero creemos que este sello debe mejorar su aplicación en Chile, ya que la cultura forestal chilena no está preparada para este sistema. Las denuncias a todo nivel y la entrega de información a los actores sociales, son nuestras formas de poner la voz de alerta sobre esta situación.
Un cambio en el modelo forestal implica el desarrollo territorial a escala local y promover los valores de autonomía, cooperación, autorregulación y participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones, sustituyendo los actuales antivalores que proponen los controladores del modelo forestal: competencia desatada, acumulación de capital y patrimonio y externalización de impactos ambientales y sociales que afectan a las comunidades del centro-sur de Chile.
