En este punto debo reconocer que una de mis primeras intenciones era escribir sobre políticas de medicamentos en Chile. Después de todo soy, entre otras cosas, farmacéutico. No lo hice antes porque la mayor parte de la atención de la ciudadanía, y también la mía, estaba fija en el movimiento estudiantil y porque, aunque creo que estos temas deben ser discutidos siempre, es mejor iniciar la discusión cuando la polémica está asentada. Tal es el caso hoy. Hace un par de días se hizo público el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto al caso de colusión entre cadenas de farmacias, el cual condena a dichas empresas a pagar una multa considerada “ejemplar” por el gobierno, representa un 3,4% de los ingresos conjuntos de las dos cadenas sancionadas. Si bien la intención fue generar una sanción disuasiva, da la impresión de que el monto está perfectamente dentro de los márgenes de variación de ingresos que una empresa de este tipo puede tener de año a año, es decir, parece despreciable. El TDLC no puede, legalmente, disponer una sanción mayor aunque lo quisiera y, no siendo este un proceso judicial, quienes pagan son las empresas y no los ejecutivos involucrados, con lo que queda la impresión de que, aparte del escarnio público, la sanción frente a la demostrada colusión en Chile es prácticamente nula. Con ello, esta mala práctica parece salir fortalecida del proceso.
Sin ningún ánimo de defender a las farmacias, hay que asumir la triste realidad de que la colusión en Chile es pan de cada día. Como expuse en un post anterior, Chile se embarcó en un modelo supuestamente capitalista, pero lo hizo mal. Lo hizo sin las debidas regulaciones, que penan en un país que durante su historia ha sostenido que la “pillería” del chileno es una especie de virtud. Nada más estúpido y contraproducente. En un modelo neoliberal el mercado debe estar regulado al punto que lo que no esté prohibido, sea obligatorio (como rezan algunas camisetas en Singapur). La colusión en Chile está en todos lados y a la vuelta de la esquina. Chile es un país demográficamente muy pequeño y muy oligárquico como para soñar en la libre competencia. ¿Cuántos productos o servicios son ofrecidos a nivel regional por una sola compañía? ¿Cuántos por apenas dos o tres? ¿Qué posibilidad hay de libre competencia en este escenario? ¿De qué cree la gente que se discute muchas veces en las reuniones de la “Asociación Chilena de Productores (o Vendedores) de Algo”?… No quiero decir con esto que todos los grandes empresarios chilenos sean miserables y corruptos. Quiero decir que la colusión es una tentación muy grande para un empresario chileno dado el contexto social y el marco económico existente. Nótese, el TDLC sólo puede sancionar la colusión cuando ésta es voluntaria y flagrante. No puede hacer nada con las alzas que, de un modo “natural” se producen en los servicios cuando los precios se regulan al alza, lo que es común cuando existen oligopolios. ¿De qué libre competencia habla entonces la derecha económica de Chile? Por lo anterior, el TDLC se ha entretenido en Chile analizando fusiones de grandes empresas y son muy pocas, proporcionalmente, las investigaciones por colusión que se conducen actualmente. ¿Quién querría destapar la olla? Tal vez sólo una empresa en la cual tiene acciones alguien con intenciones políticas. No se me ocurre otra situación en este momento. Por lo anterior, me atrevo a elucubrar que en Chile, en todos, sí en todos los productos y servicios, hay colusión de precios al menos en una parte de los procesos que permiten la llegada de dichos productos o servicios al consumidor. Los únicos pobres que habitualmente están forzados a competir son los empresarios de las PYMES, como espectáculo para los grandes empresarios o los intermediarios, los que compran sus productos. Con el caso de las PYMES no puedo sino imaginar una pelea de animales que se desangran frente a los apostadores que serían los grandes empresarios, quienes ni se despeinan.
Es en este caldo es que tres cadenas de farmacias de Chile tuvieron hace algunos años la pésima idea de coludirse en los precios de venta de medicamentos. Esto es grave, muy grave, no sólo por el hecho de atentar contra la libre competencia, sino por hacerlo con lo que la OMS señala como un “bien social de primera necesidad”, un producto que resguarda y promueve la salud humana, que salva y prolonga vidas. Y la colusión fue con medicamentos de uso crónico, es decir sobre un grupo de pacientes que los economistas denominarían un “mercado cautivo”. Lo malo es que este mercado, sin su medicamento, se muere. Favorece en Chile la perpetración de este delito y agrava sus consecuencias, el que la producción y comercialización de medicamentos ha tenido y aún tenga una pésima regulación. Chile es una especie de “Islas Caimán” de la producción y comercialización de medicamentos. Un país en donde, pese a los afanes de Ricardo Lagos de autoconvencerse durante su gobierno, las instituciones NO funcionan, al menos en lo que respecta a políticas de regulación de medicamentos. En Chile no siempre se respeta la duración de las patentes, abundan las “copias” con nombre de fantasía (registrados) como práctica bananera que no existe en países desarrollados, los “genéricos” (los sin nombre de fantasía, sólo con el nombre del fármaco) recién ahora deberán demostrar bioequivalencia para ser comercializados, lo que es la norma en países desarrollados para poder denominarse “genéricos”. En Chile los laboratorios funcionan sin necesariamente cumplir las normas GMP (good manufacturing practice) y muchos “maquilan” medicamentos: importan medicamentos a proveedores extranjeros de India o China, cuya fiscalización y monitorización es compleja. Para empeorar las cosas, Chile es un país pequeño y las grandes transnacionales que innovan en materia de medicamentos no tienen plantas en el país: todo lo de ellos nos llega desde fuera y a un precio más elevado que al que le venden a países con mayor población. Ello favorece la generación de las “copias” y los “genéricos” chilenos.
Finalmente los políticos, en lugar de regular de una vez la producción y comercialización de medicamentos en Chile se han dedicado siempre a promover medidas tan populistas como irracionales, que demuestran tanto falta de rigor como desinterés por solucionar los verdaderos problemas de las personas. Aún recuerdo al joven Sebastián Piñera señalando, antes de ser accionista de FASA, que en las farmacias debería haber un “listado de equivalencias” para que cada paciente eligiera si compra el medicamento prescrito por el médico o uno más que económico que sea “equivalente”. Si aún hoy en Chile, muchas copias o pseudogenéricos no han demostrado equivalencia, menos hace 20 años atrás ¿Quién se hace cargo entonces de una falla en la terapia o de las reacciones adversas? Luego, pasados los años, llegó el destape de las “canelas” de los vendedores de farmacia, que cambian la receta del médico por un “equivalente” que les reporta un “estímulo” económico de parte del laboratorio. La norma adoptada entonces fue el prohibir el cambio de la receta del médico. Esto sería lo ideal, si no fuera porque los médicos también reciben estímulos de parte de los laboratorios y considerando que no siempre, y me consta, los médicos saben qué medicamento es el innovador y cuál es la copia chilena no certificada. Como consecuencia del alto valor de los medicamentos señalados en la receta, los pacientes comenzaron a buscar los llamados “genéricos”, que son ostensiblemente más económicos que los de marca, sí, pero sin equivalencia demostrada y con costos de producción que hacen preocuparse por la calidad de su manufactura y el origen del principio activo (la sustancia química contenida). Con la desconfianza asentada sobre las farmacias, los pacientes comenzaron a creer que el valor real del medicamento era el del pseudogenérico de 800 pesos, siendo “lo mismo” que el innovador de 8.000 pesos. Esta cueca fue avivada por políticos populistas e irresponsables como Guido Girardi quien, aun siendo médico, comparaba en televisión un inhalador pseudogenérico con un innovador de formulación compleja como si fueran lo mismo. Dudo que, sabiendo de los problemas de regulación de medicamentos en Chile, el Dr. Girardi trate a los suyos sólo con estos pseudogenéricos. Al respecto, hemos visto cómo prolifera en Chile una cadena mexicana bajo el descabellado eslogan “lo mismo pero más barato”. ¿Lo mismo? ¿Quién certifica que es “lo mismo”? Si a la hora de comprar un producto de algún área de nuestra especialidad, todos discriminamos según marca, país de origen y certificación de calidad ¿cómo es que nos tragamos a pie juntillas cuando nos dicen de un medicamento que es “lo mismo” que otro? Hoy, para seguir con la comedia de equivocaciones (o perversiones), la derecha y el gobierno promueven la liberalización de la venta de medicamentos para favorecer la competencia y evitar la colusión. ¿Para venderlos en los supermercados?. Asunción ingenua 1: Los supermercados NO se coluden. También argumentan que así el paciente podrá elegir lo más barato. Asunción ingenua 2: Las copias son “lo mismo” que el innovador. ¿No habiendo farmacéutico en el supermercado, quién se hará legalmente responsable por los problemas relacionados a medicamentos? Asunción ingenua 3: La población chilena tiene la madurez suficiente como para ejercer un uso responsable del medicamento y evitar la automedicación. En fin. Todo huele a querer hacer participar a los grandes supermercados de la “fiesta” de los medicamentos en Chile. Al momento de hacerlo pues que aprovechen de legalizar también la venta de medicamentos en ferias libres o “cuneteados”.
La colusión en las farmacias es sólo la punta de un iceberg negro y maloliente que se asienta tanto sobre las pocas y malas políticas de medicamentos en Chile como sobre nuestro capitalismo desregulado. Hoy, con la ley de certificación de bioequivalencia, da para soñar que en el futuro el médico podrá prescribir sólo el principio activo y el paciente sabrá que cualquier genérico que encuentre en la farmacia será realmente equivalente. Sólo en ese caso lo podrá cambiar. Desaparecerá tanta “copia” con nombre de fantasía que confunde a la gente y llama a las “canelas” sobre vendedores y médicos. Existirán sólo el innovador y los genéricos. Habrá un precio de venta sugerido y referencial para todos los medicamentos. Y en un futuro también soñado, aunque la colusión siga existiendo en Chile, habrá una normativa especial que, atendiendo a la naturaleza del producto en cuestión, genere sanciones judiciales severas y realmente disuasivas sobre la colusión en la venta de un producto pensado para salvar la vida de muchos y no para mejorar el bolsillo de unos pocos.
Por Guido Ruiz, profesor de la Universidad Austral de Chile
