Por Alfonso De Urresti, Diputado socialista
Llama la atención que tras siete meses de la erupción del Cordón del Caulle, aún no existan medidas concretas y claras de parte del Gobierno que permitan mitigar el impacto. Contrariamente a todo lo solicitado, el actuar ha sido lento, a destiempo y a un ritmo que no se lo merece la gente afectada.
Tras escuchar las diversas demandas de la comunidad, de los productores, de los alcaldes y concejales de las comunas afectadas, impulsé junto a mis pares un proyecto de acuerdo N° 500 para declarar zona de emergencia. Esto con la finalidad de lograr recursos en forma más rápida para aplicar medidas de ayuda, de mitigación para el inminente desastre producido por las cenizas volcánicas. Todos los diputados en forma transversal firmamos y votamos unánimemente el 16 de noviembre de 2011 esta iniciativa que a la fecha, lamentablemente, no ha tenido la respuesta esperada del Gobierno.
Es más, ha existido una indolencia y un discurso que minimiza las efectos de la ceniza, contrastando con la realidad y también con las versiones de las propias autoridades. Mientras en la Comisión de Agricultura el ex Ministro Galilea afirmaba a los diputados que los daños eran de gravedad, y que 700 hectáreas de arándanos, de las 1.037 existentes en la región estaban afectadas, acá el seremi del ramo minimizaba el impacto.
Lo mismo con el caso de las frambuesas, donde el propio Ministro informó en esa instancia que de las 272 hectáreas, un total de 182,5 estaban afectadas. Fue el 13 de diciembre y recién ahora se comienza a reconocer este daño en la región.
En salud igual la respuesta ha sido inadecuada. Recién a siete meses de la erupción están contratando un médico y un sicólogo para atender a la población afectada, petición que debió haberse concretado mucho antes, con el respectivo reforzamiento de los centros de salud, de las postas y estaciones rurales.
Estamos ante un desastre que no ha sido enfrentado como corresponde y donde las autoridades sectoriales no han estado a la altura. Es un problema que nadie buscó, que nadie deseaba pero que ya no se pueda obviar y donde el Gobierno tiene todas las herramientas para minimizar el impacto.
Esto último solo se puede lograr con recursos que existen. Ahora sólo resta que de una vez por todas las autoridades respectivas sectoriales estén a la altura, prioricen esta situación y en definitiva, hagan su trabajo y decreten la emergencia. En una empresa la eficiencia es ahorrar recursos, en el servicio público, la eficiencia es resguardar el bienestar de la comunidad, de la gente. Esa es la gran diferencia.
