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Radiografía del cambio

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A un año de iniciado el gobierno de la derecha, encabezado por Sebastián Piñera, existe material suficiente para caracterizar en lo fundamental, sus tareas y su orientación; este es un gobierno que más que desarrollar y llevar a cabo un proyecto político de país, dispone de un proyecto comunicacional, que consiste en simular que hace mucho y ejecuta lo mínimo; estar constantemente dando la sensación de una “hiperactividad” para que no se note que, en definitiva, su orientación es dejar operar las fuerzas del mercado que supone que por sí solas, conseguirán dar el impulso que “alcance” el crecimiento de aquí al 2020. Por ello es que sus políticas públicas son débiles, pobres, asistenciales, esencialmente comunicacionales. Se trata de una propuesta neoliberal adicta al “rating”.

Luego, cuando se presenten requerimientos que exijan respuestas de largo plazo, la autoridad actuará de acuerdo al “caso a caso”; según aconsejen los propósitos de corto plazo involucrados en cada situación, buscando permanentemente atender sus propias y más cuidadas necesidades de popularidad y aplausos.

El proyecto de “indulto” así lo indica. Si hubo materia que pudo constituirse en señal de identidad de la campaña de la derecha, fue el llamado tema de la “delincuencia” y dentro de aquel mismo factor que recibió el bautizo de “puerta giratoria” por parte de los voceros más insignes de la derecha. Con ello se intentaba golpear duramente a la Concertación, se prometían más y más uniformados verdes en las calles y se conectaba al candidato Piñera con el “ethos” de la derecha civil más profundo y arraigado en su subconsciente autoritario y represivo, es decir, “la mano dura”. Negocio redondo. Pura ganancia. La “puerta giratoria” fue de ese modo convertido en el emblema de lo que sería el gobierno de la derecha.

Pero como otra cosa es con guitarra, los “sheriffs” de la administración Piñerista se encuentran con que la población penal ya superó los 54 mil encarcelados y que ya no hay dónde meter más presos. Es decir, que miles o decenas de miles de ellos se encuentran en una situación de hacinamiento y que no hay cómo sostener el criterio que apunta hacía un modelo severo y autoritario de meter y meter gente en las cárceles. O sea, la derecha prometió y ahora no puede cumplir. Pero -sin jamás reconocer el error y sin la voluntad de rectificar lo erróneo- el proyecto comunicacional que orienta al gobierno, exige soluciones, éxitos, logro y he aquí que, en un giro de 180°, ahora se pide que liberemos pronta y urgentemente a cerca de diez mil procesados de sus encierros. Con la misma liviandad se pide el voto popular para que “los delincuentes terminen la farra” y después se solicita exactamente lo contrario del Congreso Nacional. Lo único posible de pensar ante semejante voltereta, es que el incendio de la cárcel de San Miguel cobró un altísimo precio en víctimas y, además, quemó el programa gubernamental en materia de seguridad pública.

Otro tema que demuestra que para el gobierno de la derecha el valor de la palabra resulta sumamente escaso, es el referente al voto de los chilenos en el exterior, olvidando completamente las promesas que el entonces candidato y ahora Presidente formulara personalmente, ya que viajó a comprometer su apoyo en época de campaña; en esta materia, los funcionarios gubernativos han ensayado todo tipo de maniobras a fin de arrebatar a los ciudadanos y ciudadanas que están fuera del país un derecho que legítimamente les corresponde. Con ello indican claramente que no han roto el cordón umbilical con el régimen dictatorial que exilió y empujó lejos de la patria, a centenares de miles de chilenos y chilenas.

La amnesia del gobierno de la derecha también se extiende a la política hacia las regiones del país. Su primera estocada centralista fue el recorte presupuestario ejecutado en marzo-abril, apenas instalada la administración Piñerista. Decisión que justificó con las necesidades provocadas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010. Luego la centralización de la gestión ha sido agobiante. Las regiones han sido total y completamente ignoradas. Los intendentes, gobernadores y alcaldes del régimen imperante, son un simple correo de una administración que los utiliza para transmitir partes, decretos, ordenes e instructivos en un rol humillante, pues al final de cuentas, sólo cuenta el interés mediático presidencial.

También en materia del precio de los combustibles, el gobierno se mueve según su propio índice de popularidad. Llegó al poder criticando el sistema que había y dejó que venciera el plazo que daba vida al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Ello ocurrió en Junio del 2010. Fue advertido y no quiso escuchar que aquello era una improvisación que podía costar muy caro al país y en particular a los usuarios. Se empeñó en “inventar algo mejor”, que llenara sus pretensiones de mostrarse más eficiente e innovador que sus predecesores. Propuso un seguro y el Sistema de Protección ante Variaciones de Precios de los Combustibles (SIPCO) y elevó la franja de intervención de alzas del 5% al 12.5%. No resultó. Y luego el Presidente de la República exige al Congreso, aprobar el adelanto en el funcionamiento de un método que la Concertación advirtió que era jugar con los riesgos severos de alza de precios. O sea, el otro pilar de las promesas de campaña, la clase media, también quedó en el olvido. En este caso se quemó en las sacudidas políticas que remecen las autocracias que controlan la producción petrolífera.

Pero ante la presión ciudadana retrocede, como ocurrió en la Región de Magallanes, en que la unanimidad de la protesta regional, ante una decisión centralista y antipopular le hizo abandonar todo su lenguaje agresivo y descalificador hacia la gente, provocando incluso la salida de uno de los ministros amigos del Presidente, de aquellos que revelan de mejor forma su matriz tecnocrática y neoliberal.

Así mismo, el caso Van Rysselberghe sepultó otras aseveraciones o lugares comunes del discurso de la llamada “derecha 2.0”. En primer término, la autoridad del gobierno se sometió al interés de la UDI; quedó en evidencia que no es un gobierno de carácter nacional, es un gobierno con dos Partidos Políticos que lo apoyan, uno de los cuales, la UDI, es su Partido-eje. En segundo lugar, la transparencia. El gobierno se sometió y dejó sin sanción un oscurísimo episodio de clientelismo político y demagogia, de lo peor en cuanto a prácticas de corruptelas o mafias locales, al manipularse sin escrúpulos el uso de los beneficios sociales a la población. Al mantener en sus funciones a dicha cuestionada funcionaria, el Presidente de la República comprometió severamente la credibilidad de su propio gobierno, tolerando la mentira y el engaño. En tercer lugar, la pretensión de ser un modelo de gestión. En este caso la presión es lo primordial, no importa la gestión, esta se somete y subordina al poder interno de los padrinos que defienden e imponen a la Sra. Intendenta.

El uso comunicacional hasta la saturación de la tragedia ocurrida en Japón, sin límites éticos de ninguna naturaleza, indica una vez más, que para el gobierno de la derecha lo primero es lo mediático, como también lo segundo, lo tercero y lo último a fin de cuentas. En una conducta fronteriza con lo infantil, el gobierno parece esperar que su acariciada pretensión de ser “mejor” gobierno que el anterior, la conseguirá a través de la exhibición pública de sus ministros y del propio gobernante, que pasaron a ser funcionarios de la ONEMI (en los hechos, sus voceros), a fin de dar satisfacción a sus requerimientos de estar en los medios.

En el mes de Enero recién pasado, de mala gana y ante el reconocimiento de hecho de sus carencias, el gobierno remozó el gabinete ministerial; lo más notorio fue la inclusión de dos figuras con aspiraciones presidenciales que se suman a las ya existentes en otros ministerios, desnaturalizando el gabinete en una vitrina de antojos que lo alejan de su obligación fundamental de servir al país. Esta decisión aumentará las tensiones intergubernamentales, con el agravante de que en el mismo gabinete deberán coexistir quienes se preparan para intentar capturar la conducción de la derecha, contando cada cual con poderosos ministerios a su cargo. Advertimos del riesgo que conlleva tal situación. Al final de cuentas, la nueva forma de gobernar está derivando hacia el uso del aparato del Estado con fines inaceptables; aquellos que apuntan a la simple intención de la derecha de reproducirse en el control del poder, de aferrarse al mismo, por medio de la burda manipulación de las necesidades sociales.

Además en estos últimos tiempos, hemos visto que la delincuencia ha sido un discurso más, un anuncio más de este gobierno, que no se corresponde con la realidad que el país vive día a día. Lo cierto es que la delincuencia ya derrotó ampliamente el discurso triunfalista de Sebastián Piñera; baste considerar la muerte de los dos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile y el gran número de funcionarios policiales heridos a bala. Policías asesinados mientras hacían un control policial en San Bernardo, hechos que confirman que la derrota de la violencia delincuencial ha sido un discurso más, un anuncio más de este gobierno, que no se corresponde con la realidad que el país vive día a día. De manera que si no hay una rectificación y se toma en serio y a largo plazo esta política pública, el país corre el grave riesgo que sus calles se transformen en el escenario de feroces balaceras, como ocurrió recientemente en el centro de Santiago, con las graves consecuencias que para vecinos y transeúntes pudo acontecer, al transformarlo en un verdadero “far-west”.

 

Erwin Wettlin Moreno

Presidente Comunal del Partido Socialista, de la Comuna de La Unión.

 


 

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