Por Remza Delic Sasso, Directora Regional de Serna
El aumento de la participación de las mujeres en el mercado del trabajo y su inserción en prácticamente todas las áreas de las actividades económicas es un hecho indiscutible. Sin embargo, a pesar de esta realidad, existen evidencias y estudios que reflejan la persistencia de prácticas y prejuicios que excluyen a las mujeres del mercado laboral.
Al respecto, el Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2009, “La Manera de Hacer las Cosas”, que elabora el PNUD, dice que a pesar de tener un indicador cercano al de las naciones desarrolladas, seguimos siendo uno de los países con mayor desigualdad social en Latinoamérica. De hecho, Chile se sitúa en el lugar número 40 de la clasificación mundial y en segundo lugar en América Latina y el Caribe, después de Barbados.
Esta disparidad no se expresa sólo en materia de ingresos. La desigualdad de género es otro ámbito donde Chile está en desventaja comparado con otros países, constituyendo un rasgo especialmente disonante respecto de su clasificación internacional. Al comparar a Chile según el acceso de las mujeres a diversas instancias de poder, tanto en el ámbito público como privado, el país se ubica en el lugar número 75 entre 108 países (PNUD 2009). Y en participación económica de la mujer el país cae al lugar 112 de 134 naciones, de acuerdo al Índice de Disparidad de Género, que elaboró el Foro Económico Mundial para este año.
A nivel internacional se han diseñado diversas estrategias que permitan eliminar las prácticas discriminatorias que enfrentan las mujeres en el mercado de trabajo. Una de éstas, que ha tenido especial desarrollo en los últimos años, es la de incentivar la implementación de políticas de buenas prácticas laborales con equidad de género, al interior de las empresas o instituciones.
Estas prácticas son acciones que apuntan a enfrentar y aminorar las barreras de exclusión “del” y “en el” mercado laboral, que afectan a las mujeres. La instauración de éstas se desarrolla en el marco del concepto de “trabajo decente”, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Al respecto, desde 2006 el Servicio Nacional de la Mujer ejecuta un programa de promoción de iniciativas que apuntan y promueven la implementación de buenas prácticas laborales con equidad de género, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de mujeres y hombres, tanto en las entidades públicas como privadas.
Estas prácticas son un conjunto de políticas, medidas e iniciativas que van más allá de la normativa laboral, incorporadas por las empresas en forma voluntaria, para promover la igualdad y disminuir las brechas de género que persisten en los lugares de trabajo, siendo muchas veces un anticipo a modificaciones de la legislación laboral, como ha ocurrido en España con la Ley sobre Igualdad -promulgada en 2007- que instala medidas efectivas de conciliación entre la vida laboral y familiar, para equilibrar las responsabilidades parentales en el cuidado y crianza de los hijos.
Avanzar hacia una nueva cultura del trabajo, en la que se vean beneficiadas tanto mujeres y hombres es una transformación a largo plazo en la que empresas, empleadores, comités paritarios, sindicatos, gobierno, trabajadoras y trabajadores tengan el protagonismo necesario para impulsar esta transformación, tal como lo exigen los tiempos actuales.
