15 noviembre 2018.- El Director Regional de JUNJI, Sebastián Retamal Briones, reconoció la tarde de este miércoles ante apoderados del jardín infantil Francisco José Bode de La Unión, que no se interpuso de inmediato la denuncia ante el Ministerio Público por el caso de maltrato de un menor por parte de una auxiliar de aseo, sino que se hizo con fecha 31 de octubre, 15 días después de ocurrido los hechos, y luego de que un apoderado haya interpuesto la denuncia y que la prensa le llamara para pronunciarse sobre los hechos.
La ley estipula un plazo de 24 horas, una vez tomado conocimiento de hechos que revistan carácter de delito, para que los funcionarios públicos den cuenta al Ministerio Público para que se investigue, lo que no ocurrió en este caso.
También se suma a esto el hecho de que el Director Regional no tomó ninguna medida en contra de la funcionaria denunciada, sino que ésta permaneció en funciones e incluso se conoció en la reunión que habría amenazado a las técnicos que la denunciaron, por lo que habría un presunto actuar negligente de la Dirección Regional de JUNJI al no arbitrar las medidas para garantizar la seguridad de los menores que concurren al establecimiento, derecho que garantiza la ley pero que, en este caso, habría sido vulnerado.
En la misma reunión los apoderados denunciaron una serie de problemas que se vienen presentando desde principio de este año que demuestran, a juicio de los padres, «una deficiente gestión por parte de JUNJI», respecto a este jardín infantil, lo cual habría afectado el sano desarrollo de sus hijos.
«JUNJI, en el tiempo récord de cinco días, evaluó y desvinculó a la directora del jardín bajo supuesto deficiente desempeño en los 90 días de gestión, pero nos ha quedado demostrado que hay responsabilidad de la Dirección Regional en lo mismo que evaluaron», señaló una madre.
«Lo terrible es que en el caso de evaluar y desvincular a la directora que había denunciado los hechos actuaron con rapidez, pero no se tomó ninguna medida respecto a una funcionaria agresora de un menor, lo cual es un delito, sino que se le mantuvo en el cargo, no se le formuló ni siquiera un sumario y no se cumplió con la ley poniendo la denuncia respectiva, lo cual sólo hicieron reactivamente cuando el hecho se hizo público», argumento otro apoderado.
La cuestionada funcionaria en el caso de agresión goza de licencia médica después que se denunciaron públicamente los hechos, por lo que sólo será suspendida de sus funciones una vez que dicha licencia concluya.
