Por Egon Montecinos
05 noviembre 2018.- Chile iniciará un inédito proceso de descentralización política, donde elegiremos Gobernador Regional, el cual deberá convivir en su territorio con otra autoridad política designada por el nivel central, llamado Delegado Presidencial. Si el Delegado Presidencial Regional fuera una figura protocolar, no representaría mayor problema. El tema es que NO será una figura protocolar, muy por el contrario, será un actor político con atribuciones y potestades administrativas. Existen dos artículos de la nueva ley que son determinantes para prever un comportamiento político más que protocolar en su desempeño, a saber:
Dice la letra J) de la ley que una de sus funciones será “ejercer la coordinación y fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio”. Por su parte la letra K, señala que “propondrá al Presidente de la República una terna para la designación de los secretarios regionales ministeriales”. La más contradictoria de todas las facultades es la que establece la letra m) la cual dice “Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región”. Esta última atribución faculta al Delegado Presidencial para hacer gestión y transformarse en un actor fundamental para velar por el desarrollo de la región con recursos sectoriales.
Por su parte, al Gobernador Regional la ley le otorga similares funciones, por ejemplo “coordinar, supervigilar o fiscalizar a los servicios públicos que dependan, o se relacionen con el gobierno regional respectivo”. Si bien es cierto, bajo el nuevo contexto los Seremis no dependerán de esta autoridad, pero qué duda cabe de que su acción se relaciona con el gobierno regional. Será evidente que entre las funciones administrativas de ambas autoridades, habrá una zona gris en la gestión territorial, especialmente en relación a los servicios públicos desconcentrados, que hará especialmente compleja las relaciones intergubernamentales.
¿Por qué optamos por este diseño? Creo que pesó la tradición centralista del país a la hora de impulsar la más importante de las reformas políticas a la descentralización. Tendremos que acostumbrarnos y aprender de este proceso, para que llegue un momento que se considere “política y culturalmente innecesario” tener un Delegado Presidencial en regiones.
