06 noviembre 2017.- Propiedad fue comprada el año 2012 por más de 60 millones, pagando casi cuatro veces la tasación de mercado.
La Contraloría Regional de Los Ríos objetó la compra por parte de la Municipalidad de La Unión de las 4,5 hectáreas a Edilia Solis Solis, para la construcción de la planta de transferencia de residuos sólidos domiciliarios, que se pretendía emplazar en la localidad de Pilmaiquén, camino a Puerto Nuevo, más aún cuando ahora se ha considerado que dicho terreno no será utilizado para el fin por el cual fue adquirido.
De acuerdo a la objeción del ente contralor, lo obrado por el municipio no se habría ajustado a los “principios de eficiencia y eficacia, garantizando el debido cuidado de los medios públicos que se han puesto bajo su administración”.
De acuerdo a una investigación iniciada por la denuncia del Consejo Ciudadano de La Unión, bajo el N° 752 del 2017, el terreno de 4,5 hectáreas tenía un avalúo fiscal de $ 7.620.378, y la tasación comercial del banco BCI incluida en la propuesta señalaba que el precio por hectárea era de $ 4.332.000, pero la oferente pidió un valor de 15 millones por hectáreas.
El municipio local, el año 2012, luego de la aprobación unánime del concejo municipal de la época, desembolsó la suma de $ 64.200.000 pesos por el total de la propiedad, lo que equivale a 3,7 veces el valor de la tasación de mercado existente, pago considerado excesivo por la Contraloría.
VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS POR TERRENO SIN UTILIZAR
Cuando se presentó el proyecto, se indicó que era una “necesidad urgente contar con ese bien”, pero transcurridos más de cinco años, se ha descartado su utilización por cuanto la distancia entre las comunas de La Unión, Río Bueno y Lago Ranco, encarece los costos de transporte de residuos sólidos, cuyo destino final es la localidad de Morrompulli.
La segunda razón para descartar la instalación de la planta de transferencia camino a Puerto Nuevo, es el hecho de que esta ruta es una de principales vías turísticas de la comuna de La Unión, lo cual afectaría gravemente el desarrollo de futuros proyectos de turismo en la zona.
Por tal motivo, la Contaloría señala que “la falta de acción por parte del municipio para concretar e proyecto y conseguir el objetivo para el cual fueron asignados los recursos, da cuenta de la vulneración a los principios de eficiencia y eficacia, consagrados en el artículo 5° de la mencionada ley 18.575, que dispone que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”.
Asimismo, Contraloría objeta el hecho de que el alcalde en ejercicio, quien es uno de los seis concejales de ese entonces que aprobó la compra, “no entrega las justificaciones que llevaron a ese ente municipal a adquirir dicha propiedad con carácter de urgencia, sin que hasta la fecha se haya concretado el proyecto”.
El ex concejal Waldemar Sepúlveda, señala que en ese tiempo presentaron la idea al concejo para ser aprobada de manera urgente, “caso contrario el proyecto se perdería”, pese a que él era partidario de comprar dos hectáreas en el mismo lugar donde actualmente se emplaza la planta de transferencia, por cuanto se sabía que si se construía en Pilmaiquén, encarecería los costos de traslado. Sin embargo todos aprobaron para que el proyecto no se pierda.
La Contraloría instruye al municipio unionino para que informe al Gobierno Regional de Los Ríos y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, para que “se verifique la pertinencia del cambio de destino de esa inversión pública”, remitiendo un informe al organismo contralor dentro de un plazo de 60 días hábiles, con los resultados de dicha gestión.
