Por Jorge Chocair, Académico Departamento Derecho Penal U. Andrés Bello.
El caso por defraudación de caudales públicos, cometido por funcionarios de Carabineros en servicio activo, investigado por la fiscalía de Punta Arenas, constituye un hecho particularmente grave, por una serie de aspectos.
Carabineros detenta una altísima aprobación ciudadana y parte de ese reconocimiento nacional, viene dado por su percepción de probidad. En respuesta al avance de la investigación penal, el General Director decidió dar de baja a una decena de funcionarios, incluyendo un general, lo cual da cuenta de la gravedad de los hechos.
Las defraudaciones habrían comenzado en 2010, y los montos superarían los 8 mil millones de pesos, algo así como el 1% del presupuesto anual de Carabineros. La corrupción es un fenómeno multicausal, que corroe las instituciones del Estado, socavando las bases de la institucionalidad democrática. Pese a las múltiples comisiones y recomendaciones que han surgido en el último tiempo, Chile presenta de manera persistente y transversal, crecientes síntomas de falta de probidad.
Agrava la situación, el largo período de tiempo que dichas prácticas delictivas se perpetraron al interior de la institución. En este sentido, su modernización no sólo implica incorporar mayores recursos tecnológicos e infraestructura, sino que también desarrollar mecanismos de control interno, que permitan advertir oportuna y eficazmente situaciones de corrupción a su interior.
Hace solo seis meses, ocho carabineros ya habían sido detenidos y desvinculados de la institución, por delitos asociados a la ley de drogas, robo con intimidación, cohecho y omisión de denuncia. Meses antes, la Contraloría General de la República, en el marco de la investigación por fraude en el Ejército, detectó que Carabineros, entre 2010 y 2015, pagó más de $ 3.200 millones a siete empresas proveedoras de repuestos y otros servicios, entre ellas, tres firmas investigadas por facilitar facturas falsas para la reparación de vehículos militares.
Los cambios paradigmáticos que ha experimentado Chile en las últimas décadas, tanto a nivel social, cultural, político y económico, además de la adaptación de las instituciones a un Chile más democrático, moderno y respetuoso de los Derechos Humanos, sumado al aumento de la delincuencia y al altísimo impacto de la Reforma Procesal Penal, son factores que posiblemente han relentizado la implementación de mecanismos internos y externos no solo de fiscalización, sino que especialmente de prevención contra la corrupción en Carabineros.
Nadie duda que Carabineros, pese al impacto de estos hechos, va a sobreponerse y salir fortalecido, y que su General Director, como ha sido su sello, liderará los cambios que sean necesarios, porque la corrupción nunca ha estado en su ADN.
