23 enero 2017.- La reducción en 32 mil millones que marcarán los costos de las raciones escolares por los siguientes cuatro años, daría cuenta de un mercado que hasta ahora se manejó con precios alterados y sobre abultados, sentenció el diputado Bernardo Berger (RN), que integró la comisión que investigó las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB entre 2014 y 2015,
De acuerdo a lo informado ayer por JUNAEB, en la evaluación económica de la nueva licitación -proveerá 4 millones de raciones diarias a escolares entre 2017 y 2021- participaron 30 empresas. El organismo confirmó también que por el servicio el Estado pagará 32 mil millones de pesos menos que en la última licitación de 2016.
“Aún hay que esperar la ratificación de la Contraloría, sin embargo esta bajada de precios sustantiva demuestra ya sin lugar a dudas que estábamos ante un mercado sobreabultado y alterado intencionalmente, con precios totalmente fuera de la realidad”, enfatizó.
A juicio del legislador, el resultado también evidencia “la precariedad de las instancias de control que no funcionaron en la JUNAEB entre el 2014 y 2015 –periodo bajo la lupa de la comisión parlamentaria-, que no estaban haciendo su tarea o que hacían vista gorda dando pie a acciones reñidas con la legalidad y la probidad”.
En el fondo, agregó, “refuerza lo que vimos y concluimos con certeza en la comisión investigadora JUNAEB de la Cámara Baja, y es que efectivamente estaban dadas las condiciones en el PAE para irregularidades, fraudes y otros ilícitos a sabiendas para afectar los precios en favor de una u otra empresa”.
Berger finalmente indicó que existe satisfacción por el trabajo realizado a través de la comisión investigadora como de los organismos de Justicia “que sirvieron para normalizar un mercado como éste, tan delicado, que mueve tantos miles de millones de pesos, que debía garantizar la alimentación a millones de escolares y cautelar el erario público, y que no lo estaba haciendo”.
La comisión legislativa investigó los hechos acaecidos entre 2014 y 2015 al interior de la JUNAEB para precisar la existencia o no de defraudaciones al Estado u otras irregularidades en los hechos que poco antes habían sido denunciados por la Contraloría General del República.
Simultáneamente, a principios de 2016 se abrió una causa en el 8vo Tribunal de Garantía de Santiago, interpuesta por la Fiscalía Nacional Económica a solicitud de la Contraloría General, para determinar la presunta existencia de empresas relacionadas entre sí en las licitaciones del PAE, las que en su conjunto alcanzarían al 56 por ciento de este mercado, y precisar si esa relación influyó en los precios de los servicios pagados, entre otras aristas judiciales.
