La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (1) -AIFBN- da conocer a la opinión pública su máxima preocupación por la falta de voluntad política del Gobierno al no priorizar en su agenda legislativa 2016-2017 el envío del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal.
En su Programa de Gobierno para el periodo 2014 – 2018, la Presidenta Bachelet se comprometió, entre otras cosas, a estudiar la naturaleza jurídica de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y evaluar la aplicación de la Ley de Bosque Nativo. A menos de dos años del término de su mandato, ninguna de esas promesas se está cumpliendo.
Chile no cuenta con una entidad con todas las potestades necesarias para enfrentar los desafíos del sector forestal actual. La CONAF, por ser una corporación de derecho privado, no puede actuar como organismo estatal con toda la autoridad que le debiese corresponder. La legislación forestal chilena requiere una entidad estatal fuerte para regular y controlar el desarrollo del sector. Reconocida esta incapacidad legal, se requiere con urgencia la Ley que crea el Servicio Forestal público.
Lamentamos que el Gobierno no comprenda que el desarrollo armónico del sector forestal puede ayudar a reactivar la economía del país, a través de la generación de empleos y nuevos emprendimientos (en Chile existen 140.000 pequeños y medianos propietarios forestales con un enorme potencial de desarrollo), involucrándolos de esta forma en la conservación y protección de nuestros ecosistemas.
Es importante recordar que en el primer periodo de la Presidenta Bachelet, el Tribunal Constitucional exhortó al Gobierno para que en el más breve plazo se regularizara el estatus jurídico de CONAF, planteándole la inconveniencia de crear leyes o políticas sin que antes exista una CONAF pública (planteamiento hecho al aprobarse la Ley de Bosque Nativo). Esto nos parece grave, pues sin un Servicio Forestal Público no es posible crear una nueva ley de forestación, modificar la Ley de Bosque Nativo, ni crear otras leyes y herramientas de fomento que fortalezcan al sector.
La falta de voluntad política antes mencionada tiene a la comunidad forestal decepcionada y frustrada por el incumplimiento de tareas fundamentales.
Nuestra organización ha planteado en diferentes instancias, que el actual modelo forestal está agotado y se requiere reformular políticas públicas y promover un nuevo modelo forestal, mas inclusivo, donde las comunidades rurales sean protagonistas de un desarrollo armónico, fortaleciendo el manejo del bosque nativo bajo criterios de sustentabilidad, otorgando una protección amplia a los invaluables ecosistemas naturales con que cuenta nuestro país.
Como miembros del Consejo de Política Forestal, instancia creada por el propio Gobierno en marzo del 2015, vemos con preocupación que de no contar con un Servicio Forestal público será imposible cumplir con los desafíos y objetivos que la política postula. Este documento será lanzado el día 3 de mayo del 2016, y plantea entre sus prioridades la creación de un Servicio Forestal público. ¿Para qué el Gobierno impulsó este Consejo si después no está dispuesto a considerarlo? No queremos pensar que esta mesa de trabajo fue simplemente pirotecnia política. Pensamos que hay más, que hay una voluntad real por fortalecer nuestra institucionalidad forestal, pero queremos ver hechos. Y con urgencia.
