Por Marco Leal, Seremi de Gobierno
“Para Chile no hay ciudadanos de primera o segunda categoría”. Con esta frase la Presidenta Michelle Bachelet reforzó la idea de nuestro Gobierno en cuanto a regular los mecanismos necesarios para que los chilenos y chilenas que viven alrededor del mundo puedan ejercer efectivamente el derecho a voto en las próximas elecciones presidenciales (incluida las primarias) o en los futuros plebiscitos nacionales.
En abril del año pasado la Mandataria promulgó la ley que estableció el derecho a sufragio de los ciudadanos chilenos que se encuentren fuera de Chile. Y este viernes 16 la Presidenta firmó el proyecto de ley que regula los procedimientos para hacer realidad ese derecho, el que ha sido un esperado anhelo de miles de compatriotas en el exterior que por muchos años han luchado por participar y emitir su voto en cada elección presidencial.
Se estima que son aproximadamente 900 mil chilenos que están repartidos por el mundo, de los cuales más de la mitad cumple con los requisitos para votar. Y precisamente serán estos connacionales que llevan a Chile por cada rincón del planeta los que serán favorecidos con el cumplimiento de este compromiso asumido por el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
El proyecto enviado a discusión al Congreso establece, entre otras importantes medidas, que los interesados e interesadas en ejercer su derecho a voto deberán inscribirse sólo una vez para indicar su domicilio electoral en el extranjero. Además, no se exigirá acreditar un vínculo o relación con el país, o visitas previas para poder votar. Esto último implica no poner trabas a miles de compatriotas que por diversos motivos dejaron nuestro país durante la dictadura cívico-militar, y además a todos aquellos que por distintas razones de trabajo o estudio se han trasladado a vivir lejos de nuestro territorio nacional.
Estamos seguros que en la elección presidencial de fines de 2017 serán muchos los compatriotas que estando más allá de nuestras fronteras serán partícipes de la decisión de elegir a la máxima autoridad del país, fortaleciendo con ello la participación y vitalidad de nuestra democracia.
