Por Felipe Mansilla
Inverosímil parece que tan sólo 13 camioneros tengan al gobierno contra la espada y la pared por un hecho tan simple, como lo es entregar una carta a la Presidenta. Pero más allá de las peticiones que contenga dicha carta, parece preciso analizar otro aspecto, que inclusive puede resultar aun más grave. Esta situación, no es otra cosa que esta especie de derecho de propiedad absoluto y exclusivo, que aparentemente ostenta la izquierda, de ser los únicos titulares y legítimas personas con derecho a generar movilizaciones sociales, y consecuencialmente realizar peticiones a las autoridades de turno. Una situación que podríamos comparar con lo que ocurre en la defensa a los derechos humanos cuando son atacados los carabineros, quienes quedan despojados de toda defensa de este tipo, a contrario sensu de aquellos manifestantes que ante cualquier rasguño surgen voces que invocan una y mil veces aquella declaración internacional en que se encuentran garantizados.
Convengamos que, independiente que el gobierno de turno en cuestión represente a un sector político en particular, este debe mostrar total independencia y un máximo grado de objetividad a la hora de tomar decisiones, sobre todo si se trata de un derecho tan básico como es manifestarse libremente, derecho que por cierto está establecido en la Constitución y en tratados internacionales que nuestro país ha suscrito.
Pero esta premisa pareciera no importar al Intendente Orrego, a la Presidenta Bachelet y a todo este gobierno, que ha intentado sistemáticamente y de manera silenciosa sabotear la movilización de los camioneros desde que estos han emprendido su camino en la ciudad de Temuco, impidiéndoles el ingreso a las comunas en el trayecto, prohibiéndoles el acceso a servicentros para la recarga de combustible, impedirles el libre ejercicio a manifestarse y llegar a la moneda para entregar su carta, y por último, una acción que parece del todo desesperada, una circular dictada a las 3 de la madrugada que prohíbe el ingreso de todo vehículo de carga a la Región Metropolitana desde el kilómetro 55, sin duda alguna, un coerción descarada y mal intencionada que no se ve cuando las movilizaciones sociales levantan banderas rojas, y marcha gente que simpatiza o derechamente milita en su sector.
Habrá que esperar que impere el sentido común, y se aplique el mismo criterio para todos, y no se limiten los derechos a ciertas personas de manera arbitraria e ilegal por no compartir sus ideas extremas y refundacionales. Ojalá la Presidenta gobierne para todos y no sólo para un grupo de personas.
