Por Hugo Lavados Montes. Rector Universidad San Sebastián.
Nuevamente un anuncio del gobierno ha cambiado el foco de la gratuidad. Ante los cuestionamientos surgidos desde diversos sectores, fue la propia Presidenta de la República la encargada de informar que el 2016 ese beneficio a los estudiantes ahora se ampliaría a algunas universidades privadas, las que cumplan con acreditación de 4 años o más, posean triestamentalidad en su estructura interna y no estén controladas por sociedades comerciales. Eso por ahora.
Lo cierto es que con estos nuevos criterios, diseñados a la medida de no más de tres instituciones privadas, no hace más que confirmarse la política discriminatoria hacia nuestros estudiantes, que se anunció por primera vez el 21 de mayo de este año. Siguen quedando fuera jóvenes vulnerables, que alcanzan alrededor de 350 mil en todo el país, estudiando en organismos acreditados.
Resulta al menos inexplicable que los estudiantes de 4 universidades del CRUCH que poseen 3 años de acreditación accedan a la gratuidad, mientras que algunas privadas con 4 o 5 años no califiquen para el beneficio. Se privilegia un tipo de organización sin considerar la calidad de su trabajo ni el mérito de sus estudiantes.
El concepto de participación es amplio, ¿hablamos de escuchar a los actores o de un cogobierno? Sin duda es posible y necesaria la participación de los distintos estamentos, especialmente en sus espacios de colaboración internos, pero siempre respetando un principio básico de autonomía para la toma de decisiones. Lo contrario es definir un modelo de gobierno universitario, que no ha sido posible ni siquiera en las universidades estatales.
En general, los requisitos que se han venido planteando para entrar al sistema de financiamiento con recursos públicos no solo involucran a la gratuidad, como concepto de un beneficio a los estudiantes, sino que condicionan todo el quehacer de las instituciones, perdiendo casi completamente la autonomía para las decisiones fundamentales.
La visión muy cerrada en términos que el único financiamiento válido es a la Oferta (a las instituciones) lleva a que la única posibilidad es la gratuidad completa, sin contribución directa de los estudiantes. Lo importante es que los jóvenes no paguen mientras prosiguen sus estudios, mediante becas, créditos o gratuidad, con una combinación de financiamiento público y privado.
Pero la visión que todo el financiamiento es a la Oferta no lo permite. Tampoco que, dados los escasos recursos y la gran cantidad de necesidades que hay en nuestro país, es importante reconsiderar el concepto de gratuidad universal. Es injusto que las familias que pueden pagar los aranceles – que representan del orden de un 30% de los estudiantes universitarios – no lo hagan.
Australia y Gran Bretaña, entre otros, tienen créditos para financiar aranceles, similares al CAE. No es cierto que hoy tengamos “un sistema de financiamiento a la demanda que genera un endeudamiento insostenible, especialmente a los egresados de menores ingresos”, ya que el tope de la cuota para pagar el CAE es el 10% del ingreso.
Nuevamente estamos ante una medida arbitraria, con exigencias muy poco claras y sin sustento normativo, que discrimina a alumnos con las mismas características. No es una buena manera de iniciar un proceso de cambios en la Educación Superior chilena.
