El fiscal (s) Carlos Silva Bertoglio comunicó a Pedro Agüero Monsalve que se le investiga por los delitos de homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego y municiones. Los hechos ocurrieron en enero de este año en un sector cordillerano de la localidad de Llifén.
13 jul de 2015. En prisión preventiva quedó un imputado de 61 años que ayer fue formalizado por la Fiscalía por los delitos de homicidio frustrado a funcionarios de Carabineros y porte ilegal de arma de fuego y municiones, los que habría cometido a principios de este año en Futrono.
Según relató el fiscal (s) Carlos Silva Bertoglio durante la audiencia de formalización de la investigación, el imputado Pedro Andrés Ricardo Agüero Monsalve cometió estos delitos en el mes de enero en un sector cordillerano de la localidad de Llifén, en la comuna de Futrono.
“El imputado estuvo seis meses prófugo y fue detenido en la noche del sábado 11 durante un control vehicular que efectuó Carabineros al taxi en el cual viajaba, oportunidad en la que fue reconocido por los funcionarios policiales”, señaló el fiscal subrogante del Ministerio Público.
Agregó que los hechos por los que se le investiga ocurrieron alrededor de las 2:30 horas del pasado 16 de enero, cuando Carabineros recibió una denuncia por amenazas de muerte que el imputado efectuó a una persona del sector y cuatro funcionarios de la institución concurrieron hasta el lugar, apostándose junto a un puente a esperar a que el imputado llegara.
“El imputado llegó montado a caballo y al ver las balizas encendidas del vehículo policial, cabalgó hacia dos carabineros que se encontraban afuera del vehículo y les disparó, sin impactarlos. El caballo en el que montaba tropezó y el imputado cayó al suelo, huyendo del lugar sin que a Carabineros le fuera posible detenerlo debido a la oscuridad”, precisó Carlos Silva.
En el sitio del suceso fue encontrado un morral de propiedad del imputado, en cuyo interior portaba un revólver, además de un rifle y municiones. El imputado no tenía licencia para portar armas de fuego ni éstas se encontraban inscritas.
A solicitud de la Fiscalía, la jueza Isabel Peña dispuso que el imputado quede en prisión preventiva, por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad y también por peligro de fuga.
El plazo que tendrá la Fiscalía para investigar estos hechos fue fijado por el tribunal en 90 días.
