22 jun de 2015.
Por Bernardo Berger, Diputado Distrito 53
Durante el último tiempo, hemos observado críticas a diversas instituciones, lo cual nos ha debilitado como país. La Contraloría General de la República, sin embargo, sigue gozando del respeto de los chilenos, y con justa razón, ya que realiza un trabajo silencioso y muy importante para salvaguardar los intereses de todos.
Después de algunos meses en que solicité al órgano contralor una investigación sobre eventuales irregularidades en las obras del puente Cau Cau, el pasado 15 de junio, el referido organismo emitió su dictamen respecto de la ampliación de contrato para el puente Cau-Cau en Valdivia a la empresa AZVI, equivalente a $1.844 millones, firmado por la actual administración durante 2014. La CGR no sólo consideró injustificados técnica y contractualmente el monto desembolsado por el MOP, sino que además exige la restitución de $1.100 millones al erario fiscal y que defina las consecuentes responsabilidades administrativas.
De esta manera, la CGR corrobora lo que muchas veces venían señalando hace meses: el Puente Cau Cau es una obra que ha sido mal ejecutada por la empresa, a la cual la actual Administración le extendió pagos adicionales que no procedían, a sabiendas que existía una recomendación expresa y escrita de la ex Directora General de Obras Públicas al respecto.
Es decir, a casi un año y medio de asumido el nuevo Gobierno, el puente sigue inconcluso, la empresa tiene $1.800 millones más y el MOP $1.800 millones menos para realizar inversiones en nuestra región. Claro ejemplo de una irregular acción que privilegió intereses particulares por sobre los del Estado y su gente.
