04 junio 2015. Cobertura total para el 60% de los estudiantes de educación superior más vulnerables que estudien en CFT o IP acreditados y sin fines de lucro, así como en universidades del Consejo de Rectores (Cruch), fue la propuesta que Michelle Bachelet entregó el 21 de mayo y que beneficiaría a 264 mil alumnos el 2016. Sin embargo, Acción Educar asegura que sólo el 35% de los estudiantes de regiones que pertenecen al 60% más vulnerable realmente podría obtener el beneficio y que el escenario es especialmente crítico en instituciones técnicas.
Así lo consigna Publimetro.cl Según un análisis realizado por la fundación, en Chile existen 112 IP o CFT acreditados y que figuran con fines de lucro, lo que impediría que estuvieran en la nómina de la gratuidad. Como contraparte, sólo 16 están acreditados y no tienen fines de lucro.
Así, siete regiones en Chile no tendrían instituciones técnicas que cumplan con los requisitos anunciados por el Gobierno para acceder a la gratuidad en educación superior: Arica, Tarapacá, Atacama, Maule, Los Ríos, Aysén y Magallanes.
La Región Metropolitana tiene seis instituciones técnicas acreditadas y sin fines de lucro, le sigue la Región del Biobío con tres y la de Valparaíso con cinco. En tanto, Antofagasta, Coquimbo, O´Higgins, La Araucanía y Los Lagos tienen sólo una por región.
Además, el estudio remarca que en seis regiones la matrícula en IP y CFT que podrá acceder a la gratuidad llega sólo al 5% de todos los inscritos en el sistema. «Lo positivo de la idea es que la gratuidad se enfoca en los más vulnerables, el problema es que genera una discriminación arbitraria porque con estos requisitos alumnos igual de vulnerables no estarían recibiendo la misma ayuda, y esta discriminación se agudiza en regiones. La mayoría de los centros que pueden acceder a la gratuidad están concentrados en la RM», explicó Gabriel Ugarte, investigador de Acción Educar.
«El criterio que se ocupa hoy (para entregar beneficios del Estado a los estudiantes) y que parece razonable es que la universidad esté acreditada y se considere la vulnerabilidad del alumno. Hoy la ley permite que existan instituciones técnicas con fines de lucro, entonces, ¿por qué las apartamos?», dijo Ugarte.
Un primer paso
Si bien los detalles respecto a cómo se financiará el acceso gratuito a la educación superior aún no se conocen, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, remarcó que lo anunciado es solamente el primer paso. «Enviaremos en el segundo semestre un marco regulatorio que dejará claramente establecido cuáles son las condiciones para que cualquier institución, sea o no sea del Consejo de Rectores, pueda ingresar a la gratuidad”, agregó el ministro.
El secretario de Estado remarcó que todas las ideas se pueden conversar en el contexto de la discusión presupuestaria. “Obviamente no hemos escrito sobre piedra y eso no significa que en el contexto de la discusión presupuestaria no podamos discutir esto –concluyó el ministro- pero este es el primer paso. Vamos a seguir el 2017 y el 2018 para consagrar la promesa presidencial de que el 70% de las familias más vulnerables que manden a sus hijos a instituciones de educación superior que tengan ciertas garantías de calidad y buen funcionamiento, accedan a la gratuidad”, concluyó Eyzaguirre.
