20 Noviembre 2014.
Por Egon Montecinos, Intendente Región de Los Ríos
Con gran acogida y positiva evaluación por parte de las organizaciones sociales, los municipios y la comunidad en general, pusimos en marcha el reglamento para el Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril), aprobado de manera unánime Consejo Regional. Mediante este reglamento, institucionalizamos la participación de la ciudadanía organizada en el proceso de toma de decisión de la inversión regional a nivel municipal.
La iniciativa que impulsamos como Gobierno es el punto de partida para hacer de Los Ríos una región modelo en participación ciudadana. Establecimos que el 30 por ciento de los recursos de este fondo (unos 1.600 millones de pesos), debía ser priorizado por la ciudadanía organizada, sea a través de los consejos de la sociedad civil o de las uniones comunales de juntas de vecinos, o de ambos.
Los resultados fueron satisfactorios. En las doce comunas de la región se realizaron actividades de priorización, con diferentes modalidades: voto a mano alzada o voto en urna. Si bien existía la opción de que los alcaldes establecieran que un 50% del monto asignado para la comuna fuera priorizado por la ciudadanía, en todas las comunas, las autoridades municipales optaron por entregar el 100% a la decisión ciudadana.
Profundizar la participación ciudadana es una convicción del gobierno. La ciudadanía debe ser partícipe de las decisiones, que se hacen más trasparentes y disponen de mayor legitimidad. No debemos temer a compartir poder con la ciudadanía.
Tras este ejercicio de la participación, que está siendo mirado con buenos ojos desde otras regiones, creemos que es necesario escuchar a las organizaciones que solicitan incorporar al proceso de decisión respecto de restricciones horarias en el ámbito comercial, como también abrir hacia la ciudadanía la búsqueda de opiniones para el diseño de refugios peatonales, para hacerlos compatibles con las reales necesidades de los usuarios.
La participación ciudadana contribuye a fortalecer la democracia, a legitimar las decisiones y a dar a las políticas públicas un sustento desde los propios beneficiarios o usuarios de ellas.
