11 Julio 2014.
El tribunal de alzada de Valdivia acogió la solicitud del fiscal Sergio Fuentes y revocó la decisión adoptada en la preparación del juicio por el Juzgado de Garantía de Río Bueno, señalando que en esta causa el Ministerio Público no vulneró derechos o garantías fundamentales de los imputados.
Por unanimidad, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió acoger la solicitud de la Fiscalía Local de Río Bueno y ordenó revocar la exclusión de pruebas que había decretado el Juzgado de Garantía de esa comuna durante la preparación del juicio oral por el incendio de una casa en el fundo Pisu Pisué, en la Región de Los Ríos.
La decisión del tribunal de alzada implica que la Fiscalía podrá contar con toda la prueba durante el juicio oral de esta causa, en la que hay seis personas acusadas por el delito de incendio, tres de ellas como autoras y tres como encubridoras.
La resolución -adoptada por la ministra Loreto Coddou, la fiscal judicial María Heliana del Río y el abogado integrante Francisco Javier Contardo-, establece además que en las actuaciones del Ministerio Público que fueron cuestionadas por la defensa de los acusados no existió vulneración de sus derechos ni de sus garantías constitucionales.
La Fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones de Valdivia luego de que en la audiencia de preparación de juicio oral, que se efectuó en el Juzgado de Garantía de Río Bueno el pasado 3 de junio, el juez Daniel Chaucón acogiera la solicitud de la Defensoría Penal Pública y decretara excluir todas las pruebas incautadas en la casa de la acusada Millaray Huichalaf, estimando que la PDI no contaba con una autorización judicial para el allanamiento.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones acogió lo argumentado por el fiscal Sergio Fuentes respecto de que si bien la copia que tenían las policías al momento de realizar la entrada y registro al domicilio de la acusada sólo señalaba que tenían autorización para ingresar, ello se debió a un error, puesto que la resolución del mismo Juzgado de Garantía de Río Bueno autorizaba también a la PDI para registrar el domicilio e incautar lo que pudiese tener relación con el delito investigado.
Las pruebas que fueron incautadas en ese allanamiento fueron armas de fuego, municiones, equipos de comunicaciones, ropa de camuflaje, bidones con parafina, botas de tipo militar, boleadoras, pasamontañas y guantes, entre otras especies.
Asimismo, la Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó restituir la prueba aportada en esta causa a la Fiscalía por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), debido a que “las comunicaciones telefónicas, documentos y fotografías no fueron obtenidos con infracción a las garantías fundamentales, dado que existió autorización judicial para la obtención de dicha evidencia”, según precisa la resolución del tribunal de alzada.
JUICIO ORAL
En el juicio oral de esta causa, cuya fecha debe ser fijada por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, la Fiscalía solicitará que los acusados Fennix Aquiles Delgado Ahumada y Francisco Facundo Jones Huala sean condenados a cumplir una pena de 12 años de presidio, mientras que contra Cristian Ignacio García Quintul pedirá que sea sentenciado a 10 años y un día de presidio, todos ellos en calidad de autores del incendio.
Respecto de los acusados en calidad de encubridores, el fiscal Fuentes solicitará que Millaray Virginia Huichalaf Pradines y Tito Lautaro Cañulef Neipán sean condenados a cumplir una pena de 4 años de presidio, en tanto que pedirá que Álex Daniel Bahamondes Garrido sea condenado a 5 años de presidio.
Asimismo, la Fiscalía solicitará que el acusado Francisco Jones Huala sea condenado a cumplir una pena de 3 años y un día de presidio por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y 541 días por el delito de tenencia ilegal de municiones. Adicionalmente, pedirá una pena de 541 días por el delito de infracción a la Ley de Extranjería.
Según la acusación de la Fiscalía, el incendio ocurrió el 9 de enero de 2013 a las 23:00 horas, cuando los acusados Delgado Ahumada, García Quintul y Jones Huala ingresaron al predio encapuchados, vestidos con ropas oscuras de tipo militar y premunidos de armas de fuego, con las cuales intimidaron al grupo familiar, compuesto por seis adultos y cuatro menores, entre ellos, un lactante de seis meses de vida.
