01 Mayo 2014.
– De ellos, 1.400 corresponden a la Región del Biobío, esto a solo un año de implementada la llamada Ley Longueira.
– Los 1.500 millones de pesos aprobados por el gobierno anterior para apoyar al sector, según informó el Subsecretario Raúl Súnico, hoy no existen.
Una difícil situación atraviesan los trabajadores del sector pesqueros a un año de aprobada la ley de Pesca (ley Longueira). Así lo denunció el presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, quien indicó que a la fecha se han producido más de 2.000 despidos a lo largo del país, de los cuales 1.400 corresponden a la Región del Biobío.
“Existe un silencio cómplice de las autoridades, de los congresistas, del gobierno respecto de los reales efectos de la ley Longueira. Los miles de trabajadores despedidos, hoy están en total indefensión. La llamada plataforma social comprometida por los parlamentarios, tiene un reglamento con letra chica”, explicando que el año pasado se confeccionó el reglamento respectivo, el que en un acto ilegal modificó la ley. Así se dejó fuera de los beneficios al 80 % de los trabajadores, ejemplo de aquello son las Res. Exe N° 3406 5/12/2013, Res. Exe N° 933 de 2/04/2014 y la Res.Exe N° 1010 de 11/04/2014.
El representante de la mayor organización de trabajadores del país, acusó que el año pasado aprobaron 1.500 millones de pesos, para que el Estado apoyara a los trabajadores afectados por la norma. Sin embargo, indicó “ahora nos encontramos con la sorpresa que el Subsecretario Súnico nos dice que ya no hay recursos”.
“Lo que debería hacer ahora el Gobierno de Bachelet es transparentar qué pasó con los 1500 millones de pesos. Si el Subsecretario de Pesca anterior los gastó, que lo digan y no se conviertan en cómplices del pasado gobierno”, puntualizó Juan Montenegro.
Exigió que “las autoridades cumplan su palabra, generen programas para los trabajadores exonerados, deroguen – por ser inconstitucional- el reglamento de la plataforma social, y se sienten con los verdaderos representantes de los trabajadores a buscar la mejor fórmula para modificar la ley de pesca, lo que implicaría –por ejemplo- revisar el pago por concepto de Royalty dado que se han perdido recursos para el país que permitirían solucionar este conflicto social”.
