10 Abril 2014.
Proyectos de equipamiento técnico se adjudicaron a establecimientos particular-subvencionados, en perjuicio de los municipales. Directora del área jurídica del Magisterio pidió «coherencia en aplicación de medidas pro educación pública».
La dirigenta nacional y Directora de los departamentos Jurídico y Profesores Jubilados del Colegio de Profesores, Ligia Gallegos, hizo un llamado a las nuevas autoridades de Educación en orden a revisar que las medidas adoptadas en perspectiva de fortalecer la educación pública cumplan efectivamente con su propósito «y no beneficien a quienes, por el contrario, desean mantener y blindar una no des-municipalización».
Las expresiones las vertió luego de interiorizarse de la situación por la cual están atravesando ocho establecimientos educacionales municipales de esa comuna de la Región de Los Ríos, que se habían adjudicado por concurso diversos proyectos de equipamiento técnico, los que sin mediar explicación, fueron reemplazados por colegios particulares subvencionados de la zona, situación que fue denunciada por el director del Centro Educativo Fernando Santivan, José Bernardo Vera.
En efecto, la comunidad escolar del Centro Educativo Fernando Santivan, de Panguipulli, expresó su malestar por lo que definió como «la poca congruencia entre el discurso y la acción, ya de los colegios que benefician son mayoritariamente particular subvencionados, y al quitársele los fondos a establecimientos públicos como el nuestro, se hace un tremendo daño a comunidades escolares tan vulnerables», de acuerdo a lo señalado por su director.
En la última nomina de adjudicación de proyectos de infraestructuras, efectivamente, fueron retirados de la referida asignación ocho establecimientos municipales y uno particular subvencionado, siendo reemplazados por ocho particulares subvencionados y cinco municipales. «Esto me parece que no tiene relación con el discurso de la autoridad política», expresó Vera.
Al respecto, el Departamento Jurídico del Magisterio se encuentra estudiando en detalle la situación, «a efectos de visualizar posibles caminos de acción gremial y judicial», informó Ligia Gallegos.
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