28 octubre 2013. El médico y concejal del Partido Por la Democracia (PPD), Miguel Ángel Carrasco, confirmó que solicitará esta semana a la Contraloría Regional de Los Ríos que se pronuncie respecto a una serie de situaciones clínicas y laborales que afectarían al psicólogo Renato Araya, presidente de la Confusam en la comuna de Paillaco.
Como ejemplo de lo anterior, el facultativo explicó que se habrían detectado incongruencias entre las atenciones registradas por los administrativos del SOME del Centro de Salud Municipal de Paillaco y lo que posteriormente aparecía expresado en las fichas clínicas de los pacientes, situación que genera dudas respecto de su rendimiento profesional.
«Quiero dejar claro que no estoy cuestionado la labor dirigencial que el señor Araya realiza y ha venido realizando en las once horas semanales correspondientes a sus fuero gremial, sino a la cantidad de pacientes que debería atender en sus 33 horas semanales restantes”, señaló el gestor clínico del mismo recinto asistencial.
A partir de lo anterior y a juicio de Carrasco, Renato Araya no estaría ejerciendo su rol de jefe del Programa de Salud Mental del mencionado establecimiento de salud ya que existirían antecedentes de pacientes urbanos y rurales recitados, algunos de los cuales ya no querrían hacer uso de las horas disponibles, debido a la informalidad de su gestión.
Asimismo, el profesional indicó que pedirá que “se investigue una serie de datos que apuntarían a un evidente sub-rendimiento de parte del psicólogo que atiende en las siete postas rurales de la comuna, cuyo rendimiento no supera el cincuenta por ciento de los pacientes que debería atender en un total de 44 horas semanales”.
«He decidido presentar estos antecedentes ante un organismo independiente, imparcial y republicano, como lo es la Contraloría Regional, para que no se piense luego que esta acción es una acto de persecución laboral», explicó el doctor Carrasco.
En esa línea, la autoridad local dejó claro que admira y respeta la labor de los dirigentes gremiales, “pero cuando existen dudas en aspectos tan serios como su rendimiento y conducta administrativa, debe ser un órgano externo quien emita un pronunciamiento».
