*Subsecretario acusó «complicidad» de gobiernos de Bachelet y Lagos, parlamentarios y solicitantes.
*Se buscó «defraudar al Fisco» para «favorecer campañas» con los falsos exonerados, indicó a Cooperativa.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, refrendó este jueves, en Cooperativa, la convicción del Gobierno de Sebastián Piñera en el sentido de que en las administraciones anteriores se montó una «máquina para defraudar al Fisco» beneficiando a falsos exonerados políticos con el objeto de «favorecer campañas políticas».
Ubilla recordó que hay tres leyes que establecieron las pensiones para exonerados: las dos primeras, de 1993 y 1998, contaron con «amplio consenso» y apoyo de parlamentarios de la derecha, «pero donde tenemos el verdadero problema es en la del 2003».
«En esa ley, que fue aprobada principalmente por los parlamentarios de la Concertación -con reparos de parlamentarios como la señora (Evelyn) Matthei, que era senadora- ya se denuncia que estaba hecha para favorecer lo que hemos visto una década después», expresó la autoridad en El Diario de Cooperativa.
«Yo hice la denuncia el año 2010 y la reiteré el 2011, entregué los informes el 2012 que dieron origen a lo que la Contraloría General de la República dio a conocer la semana pasada. Queda claro con la información que nosotros entregamos, más la información de la Contraloría, cuando estamos hablando de que aproximadamente un 30 por ciento, sobre la base de una muestra, presenta graves problemas e irregularidades, que esto no es una cosa pequeña, casual, casuística», apuntó.
«Estamos frente a una máquina; llamémosla instrumentalización política y –lo que es más grave- utilización, entre otras cosas, para favorecer en las campañas políticas a candidatos», indicó el subsecretario.
«Lo que estoy diciendo es que la última ley, la de 2003, abrió una puerta que fue instrumentalizada por muchos actores –porque no fue una persona- que permitió el escándalo que estamos viéndole día de hoy», señaló.
Con nombre y apellido
En este tema «se generó una complicidad entre parlamentarios, autoridades del Gobierno de la señora Bachelet y el señor Lagos y los propios solicitantes para defraudar al Fisco. (…) Eso lo venimos diciendo desde el año 2010 y yo quiero decir cosas que le van a doler a más gente», advirtió la autoridad, antes de apuntar directamente a parlamentarios de la oposición que actuaron de un modo que consideró «vergonzoso».
«El año 2010 yo fui a la Comisión de Derechos Humanos (de la Cámara de Diputados), donde su presidente, el señor (Sergio) Ojeda (DC) tapó esta situación. Yo fui sin publicidad, entregué los datos, y resulta que el señor Ojeda, diputado de la República por muchos años, también tiene entregados certificados» a exonerados, mencionó.
«El año siguiente, el 2011, dentro del marco de la comisión hice ver escándalos como el del diputado (PPD) Enrique Jaramillo», quien «en mayo del año 2000 (…) certificó 613 solicitudes de exoneración, de las cuales 400 son falsas; 400 en un solo documento. Eso es insólito», resaltó.
«Jaramillo el año pasado, cuando yo dije estas cosas, dijo que le habían falsificado la firma. Yo no conozco desde el 2011 a la fecha que él haya iniciado una acción judicial (…) para poder limpiar su nombre», acotó Ubilla.
Además, los 613 exonerados pertenecían «a la forestal Panguipulli, y recuerde usted que Panguipulli es la tercera comuna más importante del distrito que representa el señor Jaramillo», dijo.
«Voy a ir más allá todavía», anunció: «La señora Isabel Allende entregó más de 1.100 certificados de exonerados que no son tal. (…) Yo no sé cómo la señora Allende entregó certificados de personas que viven en la Región de Magallanes, en la comuna de San Gregorio, por ejemplo; o en Fresia, o en Arica o en Iquique. Es una persona que certifica 1.190 (exonerados), esto es realmente una vergüenza», consideró el subsecretario.
Emplazamiento a Bachelet
Rodrigo Ubilla coincidió con lo señalado por el presidente del PS, Osvaldo Andrade, quien indicó que «las responsabilidades son personales»: «Yo estoy de acuerdo, nunca ha existido responsabilidad penal o política compartida», pero sí «hay responsabilidad política de los (ex) presidentes (de la República), hay responsabilidad administrativa de los integrantes de las comisiones, de los jefes de los programas, y también de los subsecretarios» del Interior.
«A mí me parece que la actitud que tomó el Presidente Lagos es muy distinta a la que tomó la Presidenta Bachelet. El primero dijo inmediatamente: ‘Un Gobierno tiene cosas buenas y cosas malas y hay que hacerse cargo de todo’; (mientras) la señora Bachelet hasta el día de ayer habla de ‘errores’, minimizando (lo ocurrido). Yo le pediría a la señora Bachelet, que hoy es candidata, que tiene que mostrar lo que hizo en su gestión», planteó el funcionario.
La ley de 2003
La ley 19.881 fue la tercera sobre exonerados políticos durante la dictadura militar y se dictó en 2003. Como detalla el Gobierno en su portal en internet, el texto «en su artículo único, sólo otorgó un plazo adicional, de un año para nuevas inscripciones, a contar del mes de junio de 2003 hasta el 30 de junio de 2004».
El proyecto fue presentado en abril de 2003 al Congreso, con la firma del entonces presidente, Ricardo Lagos, y fue aprobado en el Senado por 28 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones. Entre quienes se manifestaron a favor estuvieron los designados y uniformados en retiro Ramón Vega, Fernando Cordero y Jorge Martínez; los RN Alberto Espina, Antonio Horvath, Baldo Prokurica y Mario Ríos; y el UDI Jaime Orpis.
En la Cámara Baja, y como consigna la Biblioteca del Congreso, la iniciativa contó con 93 votos a favor, sin negativas o abstenciones.
Fuente: cooperativa.cl
