Seremi de Educación, Carlos Crot
Lamentable ha sido la acusación constitucional interpuesta por parlamentarios de la oposición contra el ministro de Educación, Harald Beyer, sobre el supuesto abandono de deberes en la fiscalización del lucro en la educación superior. Resulta extraño que justo cuando se aprobó en el Senado la Superintendencia de Educación Superior, que entregará las herramientas necesarias para fiscalizar a las instituciones, la oposición presente una acusación constitucional contra el único Ministro que ha hecho bien las cosas.
El ministro Beyer se atrevió a cerrar la Universidad del Mar, una institución que violaba gravemente los estatutos, que abusó de los estudiantes y que les prometió calidad sin tenerla. El ministro asumió el gran costo político de esta determinación, algo que ninguno de sus antecesores en 20 años se atrevió a hacer.
Es por eso que calificamos desde Los Ríos que esta es una acusación injusta y que no tiene ningún destino, ya que ninguno de los que hoy critican al ministro anticipó lo ocurrido. Ellos podrían haber tomado medidas para fiscalizar, regular y evitar situaciones como las que hoy viven los estudiantes de la Universidad del Mar y nadie se tomó el tiempo de hacerlo. Claramente no fue una prioridad para ellos y ahora resulta que se están aprovechando de un momento político para acusar a un secretario de Estado que ha estado desde el primer día cautelando todas las medidas para mejorar el sistema de educación superior.
Acusaciones como esta, que no tienen ningún fundamento legal, sólo buscan obstaculizar el trabajo que estamos desarrollando como Mineduc, con una mirada fiscalizadora y exigiendo que las cosas se hagan bien. Al parecer, las personas que están exponiendo estos falsos argumentos no se han dado cuenta que es bajo esta gestión donde se han aumentado las becas, se ha rebajado la tasa de interés del CAE y se ha mejorado significativamente el acceso al financiamiento.
El sistema de educación superior carece de un marco regulatorio adecuado. En 30 años hubo avances prácticamente nulos en términos de regulación, no se inició ninguna investigación contra las instituciones ni se les exigía transparencia. Por eso estamos trabajando incansablemente para mejorar el sistema, con una Superintendencia de Educación Superior, pidiendo estados financieros, enviando un proyecto de ley de acreditación, cerrando una universidad que no cumplía con los estándares mínimos de calidad.
La oposición se ha hecho parte del problema y no de la solución. Es totalmente válido que alguien pueda estar en contra de las políticas que el ministro ha impulsado, pero es muy grave acusar notable abandono de deberes. Aquí se quiere mal usar la Constitución para desprestigiar a alguien por motivos políticos.
Nosotros como Gobierno hemos puesto fin a una impunidad que viene desde hace mucho tiempo y en ese sentido, no corresponde decir que acá hay un tipo de abandono de deberes u otro motivo cuando efectivamente hemos sido nosotros como Ministerio de Educación que hemos puesto las medidas para cerrar una institución que sistemáticamente está abusando de sus alumnos.
