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Sondeo del CPLT evidencia que la percepción de corrupción y abusos del Estado colaboraron con el estallido social

02 febrero 2020.- Encuesta Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia (CPLT) mostró datos que explicarían parte del descontento ciudadano que derivó en el estallido social a partir de una negativa relación con el Estado y de una percepción de ser víctima de maltrato y discriminación por parte de éste.

El presidente de la entidad, Jorge Jaraquemada detalló que “el Consejo para la Transparencia sí lo vio venir, en mayo pasado ofrecimos un diagnóstico y propuestas con medidas anticorrupción a los tres poderes del Estado con una respuesta poco proactiva respecto de la real necesidad institucional”. 

Una percepción generalizada de desconfianza en el Estado y negativa percepción de la relación que mantienen con él, y en paralelo un alza en la disposición a denunciar hechos de corrupción, arrojó el último Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia (CPLT).

La crisis de confianza con el Estado se evidencia en que sólo 2 de cada 10 personas consultadas manifiestan confiar en el Estado (23%) y 7 de cada 10 mantienen una evaluación negativa. La visión más crítica se concentró en el grupo entre 26 a 40 años y en personas con nivel socio económico medio.

El sondeo aplicado a 2.850 personas a nivel nacional, mostró que la ciudadanía percibe mayoritariamente al Estado como distante (84%) y que los ciudadanos se sienten maltratados (76%) y discriminados (71%) por éste.

Uno de los factores que podría explicar esta negativa evaluación del Estado y el alto nivel de desconfianza es la alta percepción de corrupción del sector público, la que experimentó un alza de 11% respecto del 2017 si se considera a aquellas personas que evalúan con nota 10, máximo en una escala de 1 a 10.

“No nos extraña que dentro de los resultados de la encuesta la ciudadanía perciba al Estado como distante, maltratador, discriminador y corrupto. Lo venimos diciendo desde mucho antes del estallido social, la crisis de confianza en las instituciones derivó en una falta de legitimidad del proceso político completo poniendo en peligro la democracia”, enfatizó el titular del Consejo, Jorge Jaraquemada, al comentar los principales resultados de la medición.

Si bien el aumento registrado es transversal, destaca que las mujeres de nivel socioeconómico bajo que declararon no tener posición política, es justamente el grupo que mayoritariamente percibe su relación con el Estado como distante, de discriminación y de maltrato.

En lo relativo a la disposición a denunciar son los hombres, los adultos jóvenes y las personas de mayor nivel socioeconómico declaran ser más propensas a estas conductas Así, en 2019, 7 de cada 10 personas en Chile declaran que denunciarían un hecho de corrupción si lo experimentaran o presenciaran.

Para el presidente del CPLT, la evidencia que confirma esta encuesta se había identificado antes del 18 de octubre. Al respecto afirmó: “Los indicios fueron muy claros y creemos que la percepción negativa del Estado es una parte importante de la crisis social que estamos viviendo en Chile”. Profundizó que como representante del Consejo socializó con diversas autoridades el diagnóstico realizado por al entidad que encabeza sin mayores resultados. “Lo dijimos en muchas ocasiones por eso creo que -en parte- el Consejo para la Transparencia sí lo vio venir, en mayo pasado ofrecimos un diagnóstico y propuestas con medidas anticorrupción a los tres poderes del Estado con una respuesta poco proactiva respecto de la real necesidad institucional”, subrayó Jaraquemada.

El llamado desde el CPLT es a revertir esta tendencia en el corto plazo: “Esta es una situación que debe cambiar rápidamente, todos debemos revisar la institucionalidad para cambiar el fondo y por esa vía la percepción negativa de la ciudadana”.

Radiografía de la corrupción en el Estado

El 18% de los encuestados señala que ha sido testigo de algún caso de corrupción en el sector público en el último año. Si esto se extrapolara a los datos obtenidos en el Censo 2017, se obtendría que más de 3 millones de personas han observado alguna irregularidad.

En tanto un 7% de los encuestados sostiene que ha sido testigo o ha conocido a través de algún familiar, amigo o conocido acciones de corrupción a funcionarios públicos -como el pago de un soborno, la entrega de un regalo o hacer un favor- en el último año.  Entre los consultados que respondieron de manera afirmativa (204 casos) señalaron que esto ocurrió en municipalidades (40%), seguidas de Carabineros (24%) e instituciones que prestan servicios de salud (15%).

Entre las cinco instituciones consideras más corruptas por los chilenos aparecen: el Congreso; los Servicios o Ministerios del Gobierno; Carabineros; Municipios y el Poder Judicial. Al respecto, Jaraquemada subrayó que: “Lamentablemente la encuesta indica que existe la percepción de que el Congreso Nacional es la institución más corrupta, al respecto hemos señalado que el parlamento debe ir más allá de cuestiones simbólicas, como la rebaja de la dieta, y por ejemplo, intervenir en temáticas como: dedicación exclusiva, deber de abstención y fiscalización externa”.

¿Doble estándar?

Pese al aumento en la percepción de que los organismos públicos en Chile son muy corruptos y a la alta disposición a denunciar, llama la atención que 3 de cada 10 encuestados consideran que a veces es aceptable dar dinero o hacer un regalo o favor a un funcionario o encargado de una institución pública porque “si uno no paga, las cosas no funcionan”.

Situación que destaca en personas de 26 a 40 años (44%), de los estratos socioeconómicos bajo (37%) y alto (38%), que consideran que su relación con el Estado es distante, de discriminación y de maltrato (37% para cada opción) y entre quienes declaran no tener posicionamiento político (39%).

@ER

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